En un hecho histórico, el primero en su tipo en México en el caso de un periodista desaparecido, hoy se lleva a cabo en Empalme, Sonora, la firma del Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado mexicano ante las víctimas de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005.
“Estos acuerdos realmente no son un punto de llegada, sino un punto de partida”, mencionó Ricardo Trotti, director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que a lo largo de 16 años ha señalado la falta de investigaciones en torno a la desaparición de Alfredo Jiménez, y que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista, Trotti señaló que ha sido un largo camino, junto con la CIDH, para lograr el acuerdo. Explicó que junto con los familiares de Alfredo Jiménez —su padre, madre y hermana—, con quienes la SIP ha mantenido contacto durante todos estos años, y el reciente involucramiento de organismos como el Robert F. Kennedy Human Ri- ghts, “se tejió una estrategia dentro de la cual el gobierno de México aceptó hacer un acuerdo.
“México tomó una actitud diferente como Estado y admitió ante la CIDH que estaba dispuesto a buscar un acuerdo de solución amistosa”, reconoció Trotti, quien destacó la participación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El acuerdo
Un acuerdo de solución amistosa involucra tres puntos: una reparación integral a los familiares de la víctima, tanto por daños materiales como morales. En la parte material se considera una indemnización para la familia.
En la reparación moral se pondera el nombre de la víctima y su legado a futuro. En este caso, por ejemplo, se pidió pavimentar una calle que llevará el nombre de Alfredo. Esto será en Empalme, Sonora, donde vive su familia y de donde él era originario, así como la reparación de un monumento ya existente.
El segundo y tercer puntos son las medidas de no repetición y de justicia. Las primeras tienen que ver con solicitar una serie de seminarios o cursos de perfeccionamiento del personal del Ministerio Público, que está encargado de los temas de justicia.
Y la tercera medida tiene que ver con búsqueda de justicia para las víctimas.
Trotti fue preciso al señalar que este acuerdo de solución amistosa “no implica que se cierra el caso; se repara a la familia, pero continúa la búsqueda de justicia y la exigencia al Estado (...) Nosotros seguimos exigiendo justicia, así como los padres y la hermana de Alfredo. Mientras tanto, agradecemos este gesto, que es muy importante en el sistema de derechos humanos, de responsabilidad que asume el Estado por no haber resuelto el tema, y de perdón”.
Sobre el acto de perdón a la familia, que estará a cargo del subsecretario a nombre del Estado de México, señaló que “es un acto de contrición y donde se asume el compromiso de seguir buscando justicia, más allá de los temas de reparación y no repetición”.
Sin embargo, Trotti reconoció que, en casos de este tipo, el punto más difícil de lograr es el de la justicia, por lo que es importante dar seguimiento, en lo que participarán la SIP y la Alianza de Medios Mx.
Un caso emblemático
Trotti señaló que México tiene un gravísimo problema de impunidad en el tema de la violencia contra los periodistas, con más de 150 casos de asesinatos y desapariciones desde el año 2000.
Adelantó que la SIP está cerca de conseguir un acuerdo similar en el caso de Manuel Oropeza, periodista asesinado el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez.
También siguen el de Benjamín Franco Ortiz, editor del semanario Zeta, asesinado el 22 de junio de 2004 en Tijuana.
“Yo diría que estos tres casos son emblemáticos para nosotros porque pueden ayudar a la Alianza de Medios Mx y a los periodistas a sentir que hay un poco de esperanza, que esto pudiera obligar al Estado a tomar más medidas de justicia en casos de periodistas que están impunes.
“Nosotros creemos que es la única forma que tenemos de combatir la impunidad, la única forma de tratar de prevenir otros casos de violencia.
“Que note la sociedad que el gobierno está tomando esto con acción en México, es muy importante”, expuso.
“Es el principio de algo mejor de lo que ha ocurrido los últimos 16 años; por lo menos, ahora tenemos el compromiso firmado por el Estado mexicano para poder seguir exigiendo justicia de manera formal. Hasta ahora, uno reclamaba a alguien y no te contestaban, y no hay ningún problema. En este caso ya hay un compromiso; el Estado asume ese compromiso de buscar justicia”, afirmó el director de la SIP.
Sobre el resultado final, señaló que no se puede ser pesimista ni optimista: “Hay que ser realistas. Esta es una nueva realidad que empieza ahora”.
Desaparición e impunidad
Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005. En ese tiempo, trabajaba como reportero del diario El Imparcial e investigaba los nexos entre el poder y el crimen organizado en Sonora. La noche de su desaparición se reunió con dos funcionarios, uno de ellos era Andrés Montoya García, quien fue subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora.
También se sabe que la última llamada que recibió Alfredo en su teléfono fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Está registrada a las 23:04 horas. No hay registros de que fuera interrogado por este caso.
Para encontrar el paradero del reportero se inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2005. La SIP registró el caso con el número de referencia 13.0007 y la CIDH emitió el informe 58/15.
En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones contra el grupo criminal Los Salazar. Funcionarios de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) dijeron de manera extraoficial a periodistas que entre las víctimas de los asesinatos estaban los hombres que desaparecieron y asesinaron a Alfredo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido el expediente abierto, sin avances en las indagatorias. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH la demanda para exigir al Estado mexicano una respuesta.
Ahora, a 16 años, ocho meses y seis días de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota se logra la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad por parte del Estado mexicano, un hecho que da a la familia un poco de alivio, aunque no justicia.
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