Monterrey.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez , admitió que abatir la impunidad de delitos como los asesinatos y otras agresiones contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, sigue siendo el obstáculo mayor para superar la crisis humanitaria y de violaciones a los derechos fundamentales que sufre el país desde el último trimestre del año 2006.
Durante un acto para la firma de un convenio de coordinación y cooperación que, en representación del gobierno federal, suscribió con el gobierno de Nuevo León sobre el Mecanismo de Protección para Personas de Derechos Humanos y Periodistas , Encinas Rodríguez recalcó que mientras no se castigue a quienes incurren en ese tipo de graves actitudes antisociales y delictivas, se estará dando pie a un margen de tolerancia indebida.
Afirmó que además de lograr una mayor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, es necesario fortalecer las capacidades de respuesta de todas las instituciones del Estado mexicano, “para encarar uno de los problemas más graves que seguimos enfrentando en el país: la violencia, las agresiones y el riesgo que enfrentan quienes ejercen la labor periodística y el derecho a defender los derechos humanos”.
Durante el mismo evento, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, mencionó que en el actual sexenio han sido asesinados 49 periodistas y 96 personas defensoras de derechos humanos, y al estar en riesgo por su labor, más de mil 500 profesionales de la comunicación y activistas, son beneficiarios del mecanismo de protección.
Irazoque Palazuelos detalló que los periodistas que sufren más agresiones, son los que cubren notas de seguridad, de corrupción y de política, mientras, los defensores más agredidos, son los que defienden el derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, los que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidos, así como a la defensa del territorio y del medio ambiente.
Expuso que desde la Secretaría de Gobernación se han identificado como los principales agresores, en primer lugar a las autoridades municipales que cometen entre el 40 y el 50 por ciento de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, mientras entre el 20 y el 30 por ciento de las agresiones provienen del crimen organizado, de acuerdo a los testimonios de los beneficiarios del mecanismo de protección de la dependencia federal, que lo señalan como la principal fuente de riesgo.
Irazoque Palazuelos admitió que los índices de impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, puede llegar al 90 por ciento, por lo cual es muy importante abatir ese problema, pues de no hacerlo se va a generar una repetición crónica hacia esos dos grupos de la sociedad mexicana.
Durante el acto se reconoció que en Nuevo León no se han registrado en el sexenio ningún asesinato de comunicadores ni defensores de derechos humanos, ante lo cual el gobernador Samuel García se comprometió a garantizar que tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos, sigan realizando libremente su labor.
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