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Chilpancingo.— La privación ilegal de la libertad de tres reporteros y dos familiares en Taxco, Guerrero, es un mensaje de amedrentamiento que intenta que los periodistas aprendan a callarse, a disciplinarse con el propósito de ampliar las zonas de silencio, opinó el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
El reportero Marco Antonio Toledo Jaimes, su esposa Guadalupe Denova Flores y su hijo Alberto Toledo Denova, así como los reporteros Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez, fueron privados de su libertad la semana pasada y liberados el sábado pasado, a excepción de Alberto Toledo.
Este no es el primer caso. A final de 2022, en Tierra Caliente, el reportero Jesús Pintor, así como los administradores de la página de noticias de Facebook Escenario Calentano, Alan García, Fernando Moreno Villegas y José Alberto Benítez Santos fueron retenidos.
Tres estuvieron en cautiverio 15 días. A la fecha no se sabe nada de Alan García, director de Escenario Calentano.
En Iguala, hace tres años se dio un desplazamiento masivo de reporteros por amenazas de muerte.
Tanto en Taxco como en Tierra Caliente, criticar a las autoridades o a las organizaciones criminales que operan en esos territorios, tiene consecuencias.
En entrevista, con el programa radiofónico Reporteros SOS, transmitido por la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Maldonado Gutiérrez alertó del escenario adverso con el que se desarrolla la prensa en Guerrero.
“Esto da cuenta de una situación en la que diversos poderes legales e ilegales están buscando acallar aquellas voces, aquellos ojos que están viendo las complicidades, las corruptelas, la criminalidad, que están informando sobre eso y evidentemente esto es una mala noticia para toda la sociedad. Por supuesto que para el gremio en primer lugar, pero además para toda la sociedad, que está perdiendo la posibilidad de informarse”, expuso.
Recordó que Guerrero es la segunda entidad con más periodistas asesinados, con 17 casos, sólo detrás de Veracruz, que suma 32.
Maldonado Gutiérrez señaló que esta situación afecta a la libertad de expresión porque “en el caso del sector periodístico se manda un mensaje muy claro a los periodistas de la localidad o de la región. Es decir, tiene un efecto multiplicador, no hace falta el secuestrar o privar de la libertad a todos los integrantes, a todos los que cubren una cierta nota o a todos los responsables de un medio, o a todos los periodistas independientes de una localidad.
“Lo están haciendo de forma masiva y eso habla del reto a la autoridad: Podemos secuestrar a tres, cinco o 10 y podemos hacer lo que queramos, somos amos y señores del territorio. Ese es el mensaje que están mandando los grupos criminales, pero no hace falta que hagan eso porque con uno mandan un mensaje de amedrentamiento, tiene un efecto nocivo para el ejercicio periodístico, directo para la víctima, por supuesto, y también para el resto del gremio que aprende a callarse.
“Es un efecto de disciplinamiento, de decir, puedes ser tú el siguiente, y eso va generando lo que llamamos las zonas de silencio, zonas silenciadas, que se van extendiendo cada vez más, y son más extensas de lo que en realidad pensamos.
“¿En qué repercute para la sociedad? En que nos quedamos sin la posibilidad de estar informados... el efecto es directo contra el derecho a la libertad de expresión, pero también sobre el derecho a la información de la sociedad en su dimensión colectiva”, expuso.
