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Por la violencia extrema con que fue cometido el ataque con ácido del que fue víctima la joven saxofonista María Elena Ríos, debe ser castigado severamente y de forma ejemplar, pese a los intentos para que los responsables no enfrenten a la justicia, considera Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Vasconcelos Méndez asegura que “se están realizando todas las acciones necesarias” para localizar a quienes, se cree, son los probables responsables intelectuales y que se sumarían a las dos personas detenidas en diciembre, señaladas de ser los atacantes materiales.
Además, pide que no se revictimice ni se cause más dolor a María Elena y celebra que la sociedad se sume a la exigencia de que no exista cabida para la impunidad.
Fiscal, ¿cuál es el estatus que guarda el caso?
—Sabemos que hay otros tres participantes, quienes planearon todo, e incluso facilitaron el ácido sulfúrico que rociaron a María Elena.
Ya fuimos con los jueces, presentamos los datos que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos exigen y nos concedieron tres órdenes de aprehensión contra estos sujetos (...) estamos realizando acciones para su localización y captura. No vamos a dejar de hacerlo, porque consideramos que este hecho debe ser ejemplarmente castigado.
Sobre los dichos de las hijas de Juan Antonio Vera Carrizal —exdiputado del PRI actualmente prófugo y señalado como el autor intelectual del ataque—, quienes acusaron que durante los cateos realizados en su domicilio fueron víctimas de violencia de género, el fiscal de Oaxaca defiende la actuación de la dependencia a su cargo.
Asegura que el cateo fue perfectamente legal, puesto que se contó con la orden del juez, misma que fue mostrada al ingresar a la vivienda para realizar la búsqueda.
“La familia interpuso algunas denuncias porque considera que hubo exceso en el uso de la fuerza y abuso sexual (...) yo garantizo que vamos a investigar. Vamos a buscar si hubo algún exceso de parte de los elementos que acudieron, pero realmente creo que se efectuó todo de forma correcta, siguiendo los protocolos y la ley”, dice.
Señala que nadie ni desde las instituciones ni desde la sociedad ni desde los medios debe “reproducir esquemas que hagan más fuerte el dolor de María Elena.
“Todos tendríamos que estar muy preocupados porque se castigue este hecho, sea quien sea. Tendríamos que unirnos en torno a la institución de procuración de justicia, que está haciendo todos los esfuerzos para integrar una adecuada investigación y para localizar a los sujetos que consideramos responsables”, expone.
Agrega que desde la fiscalía no se dejará de buscarlos ni se abandonará el esfuerzo para que enfrenten a la justicia.
“Hacer afirmaciones sin información suficiente sobre cómo ocurrieron lo hechos es producir revictimización y tratar de hacer cejar al órgano de impartición de justicia, en su intento de castigar a los responsables”, considera.
El fiscal abunda que, con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, existen suficientes candados y protocolos específicos para evitar que se vulneren derechos humanos de las víctimas e incluso de los presuntos responsables, a lo que se suma la vigilancia judicial sobre cómo se ejecutan las órdenes de aprehensión.
“Sin embargo, quiero destacar que si la familia Vera considera que hubo un delito en el momento del cateo, tienen las puertas abiertas de la fiscalía. Cada área tiene autonomía para la realización de sus investigaciones, para hacerlas de forma exhaustiva e imparcial”, dice.
El fiscal destaca que colaborarán con otras instancias a las que la familia Vera acuda para determinar si existió alguna violación a sus garantías, por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), órgano que confirmó que ya fue presentada la queja al respecto.
“He visto todo esto que se ha hecho. En muchos celulares se recibieron mensajes como de campañas electorales, pero la posición de la fiscalía es de firmeza. No vamos a cejar en nuestra finalidad de que se haga justicia y, pese a diversos señalamientos, nada va a hacer que abandonemos los operativos de búsqueda”.
El fiscal explica que este tipo de campañas no constituyen un delito, pero reconoce que sí les preocupan porque son “una forma de intentar cambiar la percepción de cierto sector de la sociedad sobre el actuar de la fiscalía”. Por ello, considera que no hay vuelta atrás y lo que sigue es la localización de los sujetos prófugos, quienes —está convencido— siguen en territorio nacional.
Caso sólido
Sobre el tiempo que ha tomado a la fiscalía integrar la investigación, Vasconcelos Méndez explica que la prioridad es tener un caso sólido, “con los datos de prueba suficientes”, para que no haya posibilidad de que se caiga.
¿Es suficientemente fuerte la investigación para que los detenidos sean sentenciados?
—Consideramos que sí, en virtud de todos los actos que realizamos desde el 9 de septiembre [fecha del ataque], hasta el momento en el que solicitamos la orden de aprehensión. Tenemos los datos suficientes para, en su momento, presentarlos como prueba y estos sujetos sean sentenciados.
El fiscal considera que la sociedad a veces pide que los procedimientos sean rápidos y se imparta justicia de un día a otro; ante ello, asevera que es necesario entender que “a veces hay más tardanza porque se recopila toda la información y se analizan todos los datos para presentar casos sólidos frente a los jueces”, explica.
“Es mejor así, aunque tarde más, a arriesgarnos a que, bajo recursos jurídicos, los casos se vayan para abajo y pueda revertirse una decisión en detrimento de la fiscalía, pero sobre todo en perjuicio de las víctimas”, concluye.
