Mexicali.— El Poder Judicial de la Federación admitió una demanda de amparo contra el Congreso de Baja California por la designación del auditor superior estatal, Carlos Montejo, en la sesión extraordinaria del 8 de julio de 2019, la cual fue considerada inconstitucional por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La demanda fue presentada por los cinco representantes ciudadanos honoríficos del SEA en la entidad, quienes sostienen que se violentaron principios constitucionales.
De acuerdo con el documento en poder del Juzgado Segundo de Distrito, “se reclaman los actos de designación del titular de la ASE en contraposición de preceptos constitucionales, ya que trastocan el funcionamiento y anulan las atribuciones del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción”.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Jorge Topete Calvario, explicó hace unas semanas que la designación de Carlos Montejo como auditor refleja un conflicto de interés para la responsabilidad que tiene su cargo, porque tiene relación con el PAN y también trabajó en este mismo gobierno —en la Secretaría de Planeación y Finanzas—, al cual deberá investigar.
Las autoridades contra las que se interpuso la demanda son el pleno del Congreso del estado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Fiscalización.
En cuanto al pleno del Congreso local, los actos reclamados son por la designación del auditor superior del estado a través de un procedimiento inconstitucional, y la aprobación del dictamen 362 de la Comisión de Fiscalización.
Sobre la Jucopo, se refiere a su responsabilidad en el incumplimiento de la selección de cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para integrar la Comisión Especial de Selección del Auditor Superior del estado, así como la emisión del acuerdo para que procediera la selección del auditor, sin considerar que se violentó la Constitución Política del estado.
En la demanda también se encuentra la Comisión de Fiscalización, por convocar a los integrantes de la Comisión Especial sin incluir los expedientes y experiencia de los aspirantes para su evaluación.
La Constitución Política del estado de Baja California señala que en el nombramiento de los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción participará una Comisión Especial de Evaluación integrada por cuatro representantes ciudadanos del SEA y tres diputados, quienes propondrán al pleno una lista con candidatos. La audiencia judicial está programada para el 9 de septiembre.