Más Información
Oaxaca.— Mientras en Santos Reyes Yucuná, en la región Mixteca, se alistan para recibir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que visitará el municipio más pobre del país para inaugurar el camino rural a su cabecera, en al menos tres localidades oaxaqueñas no podrán atestiguar la inauguración de estas obras “hechas por la gente”, pues por conflictos políticos y limítrofes no se pudo aplicar el Programa Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), los municipios que quedaron fuera de este plan piloto que el gobierno federal implementa en 108 demarcaciones del estado se ubican en las regiones de las sierras Norte y Sur y se trata de Santa María Ecatepec, San Juan Ozolotepec y San Miguel Quetzaltepec.
Santa María Ecatepec, en la zona chontal de la Sierra Sur, es la comunidad en la que en julio de 2018 fueron masacrados 13 indígenas.
Mientras que San Miguel Quetzaltepec, en la zona mixe de la Sierra Norte, mantiene un conflicto administrativo por recursos del ramo 33 con su agencia municipal San Juan Bosco Chuxnabán, que sólo en 2019 dejó cinco comuneros de Chuxnabán asesinados; en el caso de Ozolotepec, fue un conflicto interno de corte electoral el que frenó el programa.
Trabajo comunitario
En su primera visita a Oaxaca en este 2020 y la número 12 desde que fue investido como jefe del Poder Ejecutivo federal, López Obrador llegará este viernes a la comunidad de San Antonio Sinicahua, en la región Mixteca.
En ese lugar comenzará la inauguración de los primeros 26 caminos pavimentados por las propias comunidades, a través de una figura ancestral de trabajo comunitario en Oaxaca, conocida como tequio, y en cuyas obras los hombres y mujeres empleados ganaron por día entre 350 y 250 pesos.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, explica que Sinicahua, municipio de unos mil 500 habitantes, además será sede del diálogo entre el presidente y los representantes de los pueblos originarios, para conocer las realidades y aspiraciones de las comunidades indígenas y presentarle al gobierno las alternativas que permitan construir políticas que propicien el desarrollo de las comunidades.
