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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ofreció una disculpa pública a los familiares de cinco jóvenes que durante 2016 fueron detenidos por policías estatales, quienes los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En una ceremonia realizada ayer en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, el mandatario estatal reconoció los hechos ocurridos en el municipio de Tierra Blanca y se comprometió a seguir adelante con la investigación, aunque no dio una fecha de cuándo se podría lograr una sentencia contra los 21 elementos policiales detenidos por el caso.
“De manera pública se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta del 11 de enero de 2016 de autoridades del gobierno de Veracruz y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de cinco jóvenes, con cual se violó su derecho a la libertad personal, integridad y vida”, manifestó el gobernador.
“Les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, por la detención ilegal y arbitraria de sus hijos mientras transitaban por una carretera de Veracruz. Les ofrezco una disculpa porque, sin que hubiera una causa justificada, la policía se los llevó y los entregaron a presuntos miembros del crimen organizado”, les dijo el mandatario a los familiares de las víctimas.
El 11 de enero de 2016, mientras regresaban del Puerto de Veracruz a Playa Vicente, Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de La O, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez y José Alfredo González Díaz fueron detenidos y entregados al grupo criminal.
Los restos de dos de ellos fueron localizados posteriormente en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde la Fiscalía General del Estado de Veracruz descubrió que habían sido asesinados y triturados para desaparecerlos.
Largo martirio. En entrevista con EL UNIVERSAL, Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia, recordó que el día de los hechos su hija le mandó un mensaje diciendo que iba a desayunar con sus amigos antes de volver a casa. Sin embargo, horas después, ya no contestó su celular.
“Así se nos fueron las horas, pensando, imaginando. Incluso empezamos a llamar a los hospitales y comandancias, pero no había nada. Desde ahí empezó nuestro martirio porque como mamá es muy grande el sentimiento y más cuando la policía de Veracruz nos decía que nuestros hijos eran unos criminales y que no había avances en la investigación”, explicó.
La mujer también compartió que los avances en la indagatoria se han dado por la intervención de la Policía Federal y la Gendarmería, por lo que pidió a Cuitláhuac García agilizar el proceso.
“La policía de Veracruz no puede seguir trabajando para el crimen organizado. No puede seguir llevándose a nuestros muchachos y muchachas, a quienes debemos proteger. No se puede permitir que no se investiguen los casos y que las mamás carguemos con este dolor”, reclamó.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y quien también participó en el encuentro, expresó que el gobierno federal promoverá el esclarecimiento de los hechos con el fin de que las familias de las víctimas accedan a la verdad del caso.
“Asumo en este acto, con una profunda responsabilidad, poner todo lo que está a nuestro alcance para que la atención del agravio del que fueron objeto los familiares de las víctimas alcance plenamente la justicia y la garantía de no repetición”.
En la ceremonia también participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como familiares de las víctimas y sus abogados.