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El sector de la construcción en Oaxaca vive una grave crisis que ha derivado en la pérdida de cinco mil empleos durante julio , lo que representa un 85% del total en el estado, y el cierre de 70 de las 400 empresas agrupadas en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( CMIC ), informó Felipe Palacios Sibaja , presidente de la delegación en Oaxaca.
Lo anterior, dijo, porque 90% de proyectos de la obra pública estatal son asignados a organizaciones sociales, y únicamente un 10% a empresas formales, lo anterior para evitar movilizaciones y problemas sociales, lo cual deja fuera al sector de la construcción, quien se encuentra en esta crisis ante la ausencia de contratos.
"Realmente no es la gente (organizaciones sociales) que debería de dedicarse a la obra pública, para eso estamos la gente que somos especialistas, tenemos la experiencia y los estudios necesarios para hacer la obra pública. La obra no debe de ser para una cuestión de calmar problemas sociales o evitar marchas, bloqueos", señaló.
Aunado a ello, indicó que las autoridades adeudan a empresas afiliadas a la CMIC, al menos 50 millones de pesos por contratos de obra para la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, lo que genera el atraso para concluir los trabajos.
"Si no hay pagos, las empresas no pueden seguir avanzando, las obras están detenidas, no abandonadas", aseguró.
"Es un tema de una crisis muy severa, muy preocupante, y con la incertidumbre de para adelante qué vamos a hacer, cómo es la forma en que podemos incorporarnos al plan de desarrollo del gobierno tanto federal como estatal". Agregó que a nivel nacional 120 mil plazas laborales las que se han perdido.
De acuerdo con el presidente de la delegación, además de las 70 empresas en quiebra , están otras 60 en riesgo de cerrar debido a la falta de recursos financieros para seguir operando. Asimismo, las empresas sólo se quedaron con unos mil trabajadores en total en el estado.
Debido a la crisis que atraviesan la empresas de la CMIC, se presentó una iniciativa de ley a la 64 Legislatura local, en la que demanda que a nivel estatal se tome en cuenta a los empresarios oaxaqueños para la asignación de la obra pública.
