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SCJN falla a favor de reforma estatal al Poder Judicial

Pleno resuelve que la ley promovida por la gobernadora respeta autonomía y objetividad

La reforma al Poder Judicial, planteada por la gobernadora María Teresa Jiménez, promueve una justicia más accesible, eficiente y autónoma. Foto Especial
25/05/2024 |02:17
Redacción El Universal
Periodista de EL UNIVERSALVer perfil

Aguascalientes.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la reforma al Poder Judicial que promovió la gobernadora María Teresa Jiménez, pues respeta los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a derechos humanos.

Además, el decreto emitido por la mandataria estatal garantiza la justicia pronta y expedita —sin violentar la Constitución— y aborda aspectos como el escalonamiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Supremo Tribunal de Justicia, los requisitos para ser fiscal general del Estado, así como los plazos para promover controversias locales.

La reforma representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del Sistema Judicial en Aguascalientes, porque promueve una justicia más accesible, eficiente y autónoma.

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La decisión fue tomada en el pleno de la Corte durante la acción de inconstitucionalidad 191/2024, donde se determinó no invalidar ninguno de los artículos reformados, que son oficinas municipales: se establecerán oficinas del Poder Judicial en cada municipio, acercando la justicia a todos los ciudadanos; incremento de jueces: se aumentará en más de 15 el número de jueces, lo que ayudará a reducir el rezago en recursos de apelación; sala de lo familiar: por primera vez, el estado contará con una sala de lo familiar, mejorando la atención a los casos relacionados con el derecho familiar; medios de impugnación constitucionales: se implementarán medios de impugnación constitucionales en el estado, fortaleciendo el sistema de justicia; presupuesto histórico: se establecerá un piso presupuestal histórico para el Poder Judicial, asegurando recursos adecuados para su funcionamiento.

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