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Zacatecas.—Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que Zacatecas y las entidades federativas tienen facultades para cobrar impuestos en materia medioambiental, el gobernador, Alejandro Tello, dijo que sólo espera la resolución conclusiva del próximo lunes para hacer las proyecciones de los posibles montos que se obtendrían al aplicar el denominado “impuesto minero” o de remediación ambiental.
La controversia constitucional en contra del gobierno de Zacatecas fue promovida en 2017 por la Presidencia de la República, al argumentar que la ley hacendaria local y los impuestos ecológicos invadían competencias exclusivas de la Federación, cuyo caso se resolvió el pasado jueves en la SCJN con ocho votos a favor y dos en contra de dicho impuesto.
Sin embargo, el lunes 11 de febrero, la Suprema Corte resolverá la segunda parte del juicio en donde se analizará cada una de las cuatro vertientes de las contribuciones establecidas en la ley hacendaria estatal (contribuciones por remediación ambiental en la extracción de materiales, así como por las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, suelos, subsuelos y agua) y así determinar si éstas invaden o no la competencia federal.
El gobernador Alejandro Tello, junto con su equipo de trabajo del área de finanzas, jurídico y ambiental, explicaron que, a la fecha, existen 13 amparos indirectos promovidos por 21 empresas. Por ello, esperarán la resolución conclusiva que dará pauta a conocer los posibles montos a obtener.
Lo anterior, debido a que hace dos años que fue creado este impuesto dirigido principalmente a las empresas mineras, el gobierno estatal estimaba una recaudación de más de mil 300 millones de pesos anuales.
El gobierno local informó que 12 pequeñas empresas locales no han recurrido al amparo y que en dos años han contribuido con 15 millones de pesos anuales con este gravamen. Se espera que una vez que se aplique a las grandes empresas las contribuciones sean montos importantes para la entidad.
