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Juchitán de Zaragoza.— Santa María del Mar se apaga cuando empieza a oscurecer. No hay luz que ilumine las calles: los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están de adorno, pues desde hace una década no alimentan las casi 300 viviendas de las más de 800 personas que habitan en una franja de tierra abrazada por el océano Pacífico y la Laguna Superior del golfo de Tehuantepec.
Así han vivido desde 2009 casi mil pobladores ikoots o huaves, cuando sus hermanos de San Mateo del Mar bloquearon su único acceso terrestre y destruyeron la red eléctrica que suministraba a la comunidad.
Sin embargo, al menos 150 casas tienen cuatro focos alimentados por páneles solares que les otorgó el gobierno federal a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico de la Secretaría de Energía (Sener).
Gracias a ese servicio cuentan con dos contactos para conectar un cargador de celular o un televisor, aunque no pueden tener enchufados muchos aparatos electrónicos a la vez y mantener la luz encendida. Tienen que priorizar.
Aun cuando es una comunidad pesquera, Santa María del Mar está lejos de tener un paisaje con típicas casas de palma adecuadas al clima. Sus viviendas son más como cajas de cemento de una o dos plantas.
Sólo está pavimentada la cuadra principal, donde están la agencia municipal, la biblioteca pública, la iglesia, el parque y el domo para las asambleas. Todo lo demás son calles de tierra. La agencia funciona normalmente porque cuenta con su equipo solar, el cual le permite activar una computadora, pero la biblioteca cierra antes de oscurecer.
La iglesia tampoco abre por las noches. No tiene luz porque no hay quien pague los equipos. Así fue como decayeron los ánimos. Desde hace años la capilla no tiene misionero ni padre, ni nada que se le parezca, sólo un catequista hace lo que puede por avivar la fe.
Aunque la electricidad que llega a través de páneles solares parecía ser la respuesta a una década a oscuras, los habitantes no pueden pagar los 149 pesos mensuales para su mantenimiento. No pueden porque la pobreza es otra prisión para 90% de los habitantes.
Antes del cierre de la bocabarra que aprisionó la laguna hace siete años, los 113 pescadores de la cooperativa La Fuerza del Pueblo obtenían hasta 100 kilos de camarón y todo tipo de pescado.
Actualmente, si bien les va, pescan un kilo, que venden a 60 pesos. Apenas sacan para comer al día, así que muchos optan por emplearse como obreros en ciudades como Juchitán o Salina Cruz.
Además, la poca pesca que les da el mar la tienen que vender el mismo día, quizás logran conservar los camarones y los pescados en sal hasta por cinco días, pero no más, necesitan refrigeración.
Y para volver a tener frigorífico necesitan la granja solar que el gobierno federal les prometió a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Santa María del Mar cuenta con una clínica de salud y por temporadas no tienen médico de planta, casi siempre les envían estudiantes que realizan el servicio social.
Debido al mal tiempo, los doctores no se arriesgan a subirse a una lancha y no aguantan mucho en la población. La falta de medicamentos dificulta el servicio de calidad, no hay posibilidad de realizar jornadas de inmunización, pues las vacunas deben refrigerarse.
La misma situación viven las tres escuelas del pueblo: los maestros no llegan a dar clases si el mar está picado; además, consideran que llegar es una especie de “castigo” o “prueba” que les pone el sindicato.
En el lugar hay varias tienditas, pero desde hace un año está cerrada la tienda comunitaria Diconsa, así que los productos aumentaron de precio por la incomunicación.
Además de la energía eléctrica, desde hace 10 años tampoco tienen agua corriente, aunque poseen un tanque elevado que les construyó el gobierno del estado en la época de Gabino Cué Monteagudo.
Sin embargo, éste no sirve porque no hay conexión por el bloqueo que mantiene con San Mateo del Mar.
En el techo de la agencia hay un pequeño tinaco con una llave al final del edificio, se los construyó la autoridad municipal de Juchitán, pero tampoco funciona porque necesitan conectarse a una red inexistente desde la cual se bombee el agua.
Pero aunque existiera, también necesitaría electricidad para que el agua suba. La otra opción es que pipas los abastecieran, pero a este pueblo no entra ningún vehículo por tierra desde hace una década.
La razón de que mil habitantes estén “secuestrados” es que Santa María y San Mateo, dos de los cuatro pueblos del Mar, comparten una franja de tierra. Ambas comunidades tienen sólo un camino que los lleva hasta Salina Cruz y de allí a la carretera federal.
Estos pueblos tienen un conflicto agrario desde hace décadas: se disputan 3 mil 773 hectáreas, las cuales el gobierno de Miguel de la Madrid le otorgó en 1984 a Santa María, pero que San Mateo reclama.
