El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar por vez primera no sólo a los ciudadanos que cambiaron su domicilio, sino a instigadores y beneficiarios de un caso de “turismo electoral” suscitado en 2013.
Con voto dividido acordó amonestar a 467 personas que dieron datos falsos al Registro Federal de Electores (RFE) para realizar un cambio de domicilio de Yucatán a Quintana Roo, con promesas de dádivas.
El INE halló responsabilidad indirecta de dos “instigadores” sancionados con multas de 3 mil 238 y 32 mil 380 pesos, y al PRI con 323 mil 700 pesos por su responsabilidad indirecta, pues no se deslindó de las acusaciones de que eran miembros de su partido quienes promovían los traslados, aunque se trató de una noticia ampliamente difundida.
En este marco, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó la capacidad del RFE y de las Comisiones de Vigilancia, que integran todos los partidos, de detectar este tipo de movimientos y, en su caso, generar alertas.
La denuncia por este caso fue presentada en mayo de 2013 por el senador panista Daniel Gabriel Avila, quien señaló los cambios de domicilio atípicos con el fin de influir en las elecciones locales que se realizaron en Quintana Roo en ese año.
En total fueron “movilizadas” 612 personas, de los cuales fueron trasladados 574 en un periodo del 1 al 15 de marzo de 2013.
De todos ellos, 72 ciudadanos dijeron que se les ofrecieron dádivas y 35 señalaron a personas vinculadas con el PRI. Empero, no se comprobó que fueran militantes o que hayan actuado a nombre de ese partido, por lo que el instituto político no fue considerado responsable directamente.
El consejero Marco Antonio Baños destacó que si bien es la primera vez que se castiga a instigadores y al partido responsable indirectamente, el INE ha dado vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) en casos anteriores.
“Hay 5 mil 598 casos precedentes turnados a la FEPADE, así que no quiere decir que antes el INE no ha hecho nada” y ahora “valdría la pena saber qué ha ocurrido con estos casos”, que son graves pues se han concretado en donde las elecciones son competidas y el triunfo se define por pocos votos.
La consejera Adriana Favela destacó que se corroboró que los instigadores abusaron de las condiciones de pobreza de las personas para movilizarlos a otra entidad.
Por eso, el consejero Enrique Andrade planteó que aunque sería deseable imponer una multa más alta, la autoridad está obligada a tomar en cuenta su capacidad de pago.
Los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz plantearon que otras 145 personas que también aportaron datos falsos para acreditar un supuesto cambio de domicilio pero no fueron amonestados, deberían tener esa sanción.