San Miguel El Grande.— Cuando Ramón Cruz —hermano de la cineasta Ángeles Cruz— y sus compañeros fueron asesinados, en noviembre de 2023, venían de un tequio para la construcción de una cocina comunitaria en Lázaro Cárdenas, con la finalidad de que la Guardia Nacional y las personas que resguardaban dicho pueblo, en San Miguel El Grande, se protegieran del frío del bosque que les rodea.
En total fueron cinco las víctimas, perecieron en una emboscada, presuntamente ejecutada por sus vecinos de Llano de Guadalupe, comunidad perteneciente a Tlaxiaco, quienes pretenden arrebatarles más de 7 mil hectáreas de bosque.
Han pasado ocho meses de ese ataque sin justicia. San Miguel El Grande y sus comunidades se encuentran en riesgo latente. Es más, las personas desplazadas y que perdieron su hogar a causa de la violencia hace 16 meses, cuando se reactivaron los ataques armados, siguen en espera de que el gobierno de Oaxaca entregue 16 viviendas como parte de la reparación del daño, casas que las autoridades estatales no han comenzado a construir.
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En riesgo latente
De las ocho personas que fueron asesinadas por este conflicto en San Miguel El Grande, tres eran originarios de Villa de Guadalupe Victoria, la comunidad de Ángeles Cruz, entre ellas su hermano.
“Hemos perdido tres personas líderes, el pueblo está devastado y tenemos mucho miedo de los balazos, que en cualquier momento cerquen a nuestro pueblo. Tememos por nuestra seguridad, por eso exigimos al gobierno que garantice la seguridad de Villa de Guadalupe y de todas las comunidades de San Miguel El Grande”, pide la cineasta mixteca, quien fue violentada durante la Guelaguetza tras exigir justicia por la muerte de su hermano y la violencia en su municipio.
Ángeles recuerda el temple de su hermano, Román, a quien describe como una persona con mucho liderazgo moral. “Era mi gerente de localizaciones, él me protegía”, narra con rabia y tristeza al mismo tiempo. Al igual que a ella, a otras cinco familias de San Miguel El Grande le asesinaron a un ser querido.
A más de 16 meses de que se reactivó el conflicto que mantiene bajo ataque al pueblo Ñu’u Savi de San Miguel El Grande, las familias temen que la violencia siga escalando.
Las casas que seguían en pie en este poblado abandonado por la violencia, que tras los ataques en noviembre pasado se convirtió en un pueblo fantasma, fueron quemadas por personas armadas apenas unos días antes de la Guelaguetza, pese a que estaban bajo resguardo de la Guardia Nacional. Estas últimas se suman a otras quemadas en 2023.
En este último ataque también fue quemado el centro ecoturístico, ubicado en una reserva natural que la misma comunidad de San Miguel destinó y gestionó: El Santuario de las Aves.
Las autoridades señalan que ha sido la mayor pérdida por toda la inversión que habían hecho para el equipamiento de un restaurante, tirolesa y otras estructuras, sin contar con la pérdida de la flora y fauna endémicas del bosque.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), el 17 de julio a las 10:31 horas “el agente de la Guardia Nacional de la base de Lázaro Cárdenas informó que habitantes de Llano de Guadalupe subieron a la localidad a quemar las casas”, pero se eligió no actuar contra los violentadores.
“Sí, se detectó un grupo de ciudadanos que ingresó, se determinó no confrontar. Ellos determinaron quemar siete, ocho viviendas, no hubo riesgo a la integridad de ninguna persona, no vive nadie ahí”, dijo Jesús Romero López, titular de la Sego.
A esta serie de agresiones se añaden la pérdida de otros espacios de bosques, daños a los paneles solares, el cárcamo del agua, los equipos de radio y comunicación, casas baleadas y muchas más violaciones a los derechos de las personas, como el libre tránsito.
Desde que se reactivó la violencia, para llegar a Lázaro Cárdenas y a otras comunidades de San Miguel El Grande hay que rodear por otros municipios, porque desde el 9 de marzo de 2023 los pobladores de Llano de Guadalupe los bloquean.
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La versión oficial
Por las agresiones, violaciones a los derechos humanos, daños a la propiedad y asesinatos, la Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGEO) sólo ha detenido a dos presuntos autores de los hechos. Sobre la quema de bosques y casas del pasado de 17 de julio no hay un informe, aunque elementos de la Guardia Nacional resguardaban la comunidad de Lázaro Cárdenas.
Tras la protesta de Ángeles Cruz en la Guelaguetza y de una reunión con las autoridades locales y del estado, este 25 de julio la fiscalía de Oaxaca, la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a Lázaro Cárdenas para realizar peritajes, de acuerdo con un comunicado.
A dicho recorrido asistieron el titular de la Fiscalía, Bernardo Rodríguez Alamilla; el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López; el General de División D.E.M., Inocente Prado López; el comandante de la VIII Región Militar, al igual que el Comisario General Brigadier D.E.M., Carlos Rodríguez Quirarte, Coordinador Estatal en Oaxaca de la Guardia Nacional, para ampliar la colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en esta zona de conflicto.
“No habrá impunidad por los hechos acontecidos recientemente, al igual que los ocurridos en ocasiones anteriores, los cuales violentan los derechos de la ciudadanía y las comunidades, por ello se trabaja intensamente con un equipo legal que se enfoca en las investigaciones ministeriales para garantizar a las víctimas el pleno acceso a la justicia”, informó, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Sin justicia
En tanto, en entrevista con EL UNIVERSAL, la cineasta Ángeles Cruz reiteró que tanto ella como las autoridades de su comunidad están pidiendo que se cumpla con las órdenes de aprehensión contra los responsables de la violencia.
“Hay órdenes de aprehensión que no se han ejecutado. Estamos pidiendo que se ejecuten a la brevedad porque no podemos seguir con las agresiones, mientras estas personas no reciban el peso de la ley”. Al mismo tiempo, las autoridades municipales de San Miguel El Grande coincidieron que las órdenes de aprehensión se deben ejecutar lo antes posible.
En busca de justicia, tampoco existe las reparaciones del daño, pues las familias que perdieron sus casas llevan más de 16 meses esperando del gobierno de Oaxaca las primeras 16 viviendas, mismas que las autoridades construirían como parte de la reparación de daños, pero que siguen sin ser entregadas y ni siquiera construidas.
“El proyecto ya se aprobó, pero ninguna casa se ha empezado a construir”, señalan las propias víctimas. Y es que el gobierno de Oaxaca se comprometió con la reparación de las casas en otros espacios. Las familias desplazadas tuvieron que irse a vivir con familiares en distintas comunidades de San Miguel. Las autoridades del gobierno de Oaxaca tampoco han comunicado sobre algún castigo por los secuestros ocurridos en el mes de septiembre, en los que se privó de la libertad a un grupo de pobladores, incluidos menores de edad.
En las últimas mesas de trabajo en las que participaron la cineasta, las autoridades de San Miguel El Grande, el gobierno de Oaxaca y las autoridades federales, entre los acuerdos alcanzados está la urgencia de la aplicación de la justicia.
“No puede haber una transición, a un camino de paz y a una reconstrucción del tejido social si no hay justicia, si sigue habiendo impunidad, si no se castiga a las personas que nos han agredido constantemente, que han destrozado hogares”, finaliza Ángeles Cruz.
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