Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda , realizó dos cambios en su gabinete al designar este martes a Graciela Buchanan Ortega como titular de la Secretaría de las Mujeres y nombrar el lunes por la tarde a Bernardo González Garza como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica .
Buchanan entró en lugar de Alicia Leal Huerta, quien renunció al cargo el 12 de abril pasado, en medio de protestas masivas por una crisis de feminicidios y desapariciones de mujeres . El mandatario había acusado al Congreso de retrasar el relevo de Alicia Leal, al no autorizar la renuncia de Buchanan como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que pudiera asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.
En tanto, Bernardo González Garza fue designado por el mandatario estatal en sustitución de Carlos Mendoza Cano, quien lo había relevado en julio de 2021, en un nombramiento que realizó el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón , aceptando una petición del mandatario electo Samuel García, con quien supuestamente mantenía relaciones de negocios, pues en sus actividades como abogado, Mendoza Cano proporcionaba la dirección y un correo electrónico del despacho Firma Contable y Fiscal del ahora gobernador y otros familiares.
Samuel García hace cambios en la UIFE ante denuncias
En septiembre de 2021, el empresario Raymundo Ramírez Pompa acusó a Mendoza Cano ante la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT del gobierno federal, de formar parte de un grupo delincuencial que se apoderaba de bienes inmuebles con la participación de notarios que falsificaban documentos, y la complicidad de miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia del Estado .
El lunes, Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la fracción panista y presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) del Congreso local, acusó al gobernador Samuel García de usar a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, encabezada por Mendoza Cano, para amedrentar a políticos opositores, iniciando investigaciones en su contra que luego filtraba a medios para desprestigiarlos, en represalia por no sumarse a Movimiento Ciudadano, cuestionar sus acciones, y en su caso para obligarlo a retirar una iniciativa de reforma para quitarle al Ejecutivo el control de la UIEF y el SAT de Nuevo León.
Las bancadas del PAN y el PRI amagaron con aprobar en primera vuelta la reforma constitucional, en un periodo extraordinario de sesiones celebrado el lunes, pues cuentan con 27 integrantes y sólo requerían en esta etapa de mayoría simple de 22 votos, para posteriormente tratar de conseguir los 28 necesarios para la segunda vuelta.
Incluso, panistas y priistas tenían como “candidato” para que ocupara una UIFE autónoma al propio Bernardo González Garza.
Pero cuando las relaciones entre los poderes Legislativo y el Ejecutivo, parecían más tirantes, al grado que el coordinador panista y presidente de la Cocri, Carlos de la Fuente, anunció que este martes demandaría a Mendoza Cano ante la Fiscalía Anticorrupción, por filtrar información de su declaración patrimonial, para que se insinuara que incurrió en enriquecimiento ilícito u otros delitos, el gobernador anunció el cambio de titular en la UIFE, regresando Bernardo González al puesto que tuvo que dejar al mismo Mendoza Cano.
En reciprocidad a ese gesto del gobernador, al retirar a un funcionario que supuestamente utilizaba para golpearlos políticamente, los diputados de las bancadas del PAN y el PRI dieron por clausurado el periodo extraordinario de sesiones, sólo aprobaron algunas cuentas públicas, y mandaron a la congeladora la reforma que pretendía quitarle al Ejecutivo el control de ambas áreas administrativas.
Asimismo, Carlos de la Fuente canceló “hasta nuevo aviso” la presentación de la denuncia que este martes presentaría contra Mendoza Cano ante la Fiscalía Anticorrupción.
Bernardo González fue procurador de Justicia y Secretario de Seguridad Pública con Jaime Rodríguez Caldeŕon, además fungió como presidente del consejo municipal de Monterrey, al anularse las elecciones ordinarias, que en un proceso extraordinario ganó el priista Adrián de la Garza en 2018.
En tanto, Graciela Buchanan Ortega ha sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia y magistrada del Tribunal Estatal Electoral, además de ocupar cargos directivos en las áreas jurídicas de Grupo Femsa y en el Sistema ITESM.
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afcl
