Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda , presentó este lunes ante el Congreso local el proyecto de una nueva Constitución Política para el estado , en la que contempla que sea obligatoria la educación superior, y entre otros derechos se pretende garantizar a todos los habitantes del estado tener agua suficiente, el derecho a la paz, a un ambiente sano y a tener tiempo de convivencia.
Al entregar la iniciativa ante la Legislatura local, García Sepúlveda expuso que “hay problemas globales mundiales (en los) que Nuevo León está ya inmerso y requerimos nuevas facultades y nuevos métodos jurídicos para resolverlos”.
Mencionó entre los temas que se deben contemplar son "Migración, en cambio climático, en el espacio de la ciudad, en la delincuencia organizada que es la que más aqueja los delitos del estado y es facultad del gobierno central".
En suma, dijo, “hay muchas materias que tenemos que resolver en el presente con esa nueva Constitución y empezar a pensar en el 2050”.
Ivonne Alvarez, la priista que preside el Congreso local, calificó el hecho como un momento histórico, y dijo que los coordinadores y diputados están muy contentos y le dan su acompañamiento “para este gran proyecto para el estado de Nuevo León”.
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“Atendemos su llamado, estamos abiertos y en la mejor disposición de poder trabajar esta gran reforma integral que requiere nuestro estado”, señaló la legisladora y asentó que además apoyan el proyecto representantes de la academia, el Poder Judicial, representado por su presidente Aturo Salinas (excoordinador de la fracción local panista), los alcaldes, por conducto de la priista Cristina Díaz de Ciudad Guadalupe, entre otros.
La iniciativa respeta, en el artículo cuarto, el espíritu y la letra de la Constitución vigente que, a propuesta del PAN, elevó a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pues asienta que: “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”.
En el artículo 21, se establece que “Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico”, y en el 23 expone que “Todas las personas tienen el derecho a la paz. El Estado y los Municipios desarrollarán e implementarán políticas públicas dentro del sistema educativo y en todos los ámbitos a fin de garantizar este derecho”.
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El artículo 40 de la propuesta establece que en el Estado, “toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar” y en la medida de lo posible “se deberán establecer políticas públicas que fomenten el teletrabajo”.
En tanto, el artículo 41 dice que “toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes y daños ocasionados en su perjuicio por fallas, negligencias o irregularidades en la infraestructura del Estado”.
Mientras, el artículo 42, estipula que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
En el artículo 49 se expresa que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, a un transporte público de calidad, digno, eficiente, a un precio asequible, y con altos niveles de cobertura territorial”.
El texto del artículo 51 señala que “la educación superior será obligatoria ” y que “la autoridad local establecerá políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de dicha educación, en términos que la ley señale”. Asimismo, determinarán los mecanismos para proporcionar acceso a este tipo educativo a las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas, autónomas y particulares de educación superior.
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