Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda , señaló que su antecesor Jaime Rodríguez Calderón podría ser imputado por omisión o por permitir actos de corrupción en distintas áreas de su administración, irregularidades que, aseveró, su gobierno ha denunciado y denunciará ante instancias estatales y federales, como la Fiscalía Anticorrupción, la General del Estado, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.
En rueda de prensa, García Sepúlveda dijo que el exmandatario “al final de día era el superior jerárquico de todo” de ahí que, sobre las denuncias que se han presentado sobre presuntos hechos delictivos cometidos en organismos como el Isssteleon y la paraestatal Servicios de Agua y Drenaje , “ya dependerá del fiscal hasta dónde va a llevar su imputación, pero él como gobernador es el superior jerárquico de todas las paraestatales, y lo que él hizo puede ser ilícito por omisión o por permitirlo”.
Samuel García aseguró que tan solo en el Isssteleon -el organismo que atiende en temas de salud a todos los trabajadores al servicio del gobierno estatal y el magisterio-, gracias a una licitación transparente, en 2022 respecto al 2021 se logrará un ahorro de 627 millones de pesos, que equivale al 36 por ciento del monto que se erogará en servicios hospitalarios, medicamentos y otros rubros.
"Se acabaron las licitaciones dirigidas, se acabaron las licitaciones de los que compran voluntades en campaña, se acabaron las licitaciones de los amigos", porque “este Nuevo León es incorruptible”, señaló el mandatario estatal.
Agregó que se investigan por medio de la Contraloría compras que realizaron los funcionarios “del vaquero” (Jaime Rodríguez), ya que “en serio se la bañaron con la compra de pruebas Covid”.
Aseveró que han aparecido todologas, muchas factureras o empresas dedicadas a seguridad que vendían radios de comunicación y de repente de la noche a la mañana vendían pruebas Covid con contratos de millones de pesos.
"Hoy estamos haciendo pruebas como nunca, el estado compra pruebas y se las da a los privados, para tener capacidad de control y monitoreo del covid, y no es posible el costo real, con el inflado que metió el vaquero, alegando emergencia, sin transparencia, un robadero en temas de pruebas”, ante lo cual, señaló, “se va a hacer la investigación, y se va a denunciar penalmente”.
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