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Tuxtla Gutiérrez.— El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, enviará al Congreso estatal una iniciativa para quitar escoltas a funcionarios y ex servidores públicos.
El titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, informó que será un paquete de iniciativas que incluye la eliminación del fuero y “otros privilegios”, entre ellos el decreto 223, “con el cual el gobierno brinda un equipo de seguridad para protección personal a ex gobernadores y otros ex funcionarios”.
EL UNIVERSAL publicó ayer que por ley el ex gobernador Manuel Velasco Coello, cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre, podría disponer de un equipo de seguridad policiaca para su protección por un periodo de 15 años, después de concluido su mandato “por los servicios prestados al estado”.
Antes de publicar la información este diario buscó sin éxito la postura del ex mandatario.
Ayer, en un comunicado, Brito Mazariegos afirmó que por instrucciones del ahora gobernador morenista, Rutilio Escandón, y como parte de la Cuarta Transformación, se ha establecido una política de austeridad en la administración estatal, a fin de financiar el desarrollo.
Por tanto, sostuvo, es fundamental terminar con los beneficios exclusivos de los que gozan algunos servidores y ex funcionarios.
Renuncia a escoltas. Tras la publicación de EL UNIVERSAL y lo señalado por el gobierno estatal, el ex gobernador Velasco Coello respondió vía Twitter: “Desde que concluí mi mandato como gobernador el pasado 8 de diciembre, renuncié a tener elementos de seguridad o escoltas del estado de Chiapas como lo dispone el decreto en 2009. Por esta razón me manifiesto a favor de que el Congreso del estado derogue dicho decreto”.
Antes, dijo a este diario que él no dispone de escolta. “No me traje ningún escolta” a la Ciudad de México, explicó.
El ahora senador señaló que el decreto 223, mediante el cual la administración asigna guardias, existe desde 2009; sin embargo, en 2017, durante su gobierno fue ampliado para incluir al ex fiscal y para que en lugar de 10 años, fueran 15.
Velasco indicó que el decreto se amplió porque a nivel nacional también existe seguridad para el fiscal o procurador; no obstante, aseguró que el Congreso local tiene facultades para derogarlo.
