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Juchitán de Zaragoza.- A la entrada de San Mateo del Mar , un edificio inconcluso, cubierto de maleza, sin agua ni energía eléctrica da la bienvenida con el rostro del abandono en el que se encuentra esa comunidad del Istmo de Tehuantepec, de unos 15 mil habitantes indígenas ikoots. Ese edificio, actualmente en obra negra, se construyó en el año 2009.
El entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), y su secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva, presumían que pronto San Mateo del Mar contaría con un Centro de Salud Materno Infantil equipado y con médicos. A ese edificio, que oficialmente sería un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) , las autoridades de Salud lo dejaron en el olvido. Nunca terminó de construirse, por ningún lado llegaron los médicos y enfermeras y mucho menos el equipo y los medicamentos prometidos.
“Con ese centro de salud inconcluso, tenemos uno de los muchos ejemplos de abandono, olvido, agravio y discriminación en contra de esa comunidad ikoots que, pese a todo, ha resistido más de 700 años”, dice Marcelino Nolasco, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT).
En la ancestral vorágine de violencia que viven la gente de San Mateo del Mar, en la madrugada del lunes 21 de junio fueron asesinadas 15 personas, entre ellas dos mujeres, en la población de Huazantlán del Río, una agencia municipal.
Frente a ese clima de violencia, los obispos de la Diócesis de Tehuantepec, Crispín Ojeda Márquez y Arturo Lona Reyes, demandaron a las autoridades el inicio de un proceso de paz y reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como con las poblaciones vecinas.
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En el escrito dirigido los gobiernos federal y estatal, ambos prelados denunciaron que la violencia existente en San Mateo del Mar es resultado “de la desatención ancestral y actual de todos los niveles de gobierno y que ha arrojado la violación de sus derechos humanos”.
Dicha desatención, aunada a la pretensión gubernamental hace años de imponer un proyecto eólico en la zona, los rezagos y el olvido, así como el uso arbitrario de los recursos por parte de las autoridades locales, provocaron la ruptura entre el esquema tradicional e institucional del gobierno municipal.
La aseveración la formula Marcelino Nolasco, quien coordinó, entre los años 2000 a 2015, la actividad académica en el Bachillerato Comunitario que el obispo emérito Lona Reyes impulsó en San Mateo del Mar, para favorecer a los jóvenes al brindarles la educación media superior.
En 15 años de convivencia con la sociedad de esa población ikoots, Marcelino Nolasco documentó que el sistema de gobierno de San Mateo del Mar siempre mantuvo un equilibrio entre la representación del Consejo de Ancianos y la autoridad municipal constitucional. Sin embargo, considera que éste se rompió: “Cuando las columnas se fracturan, la casa se cae”, acota.
Por lo que considera que, al romperse el diálogo entre las autoridades dueñas del bastón de mando con las autoridades constitucionales, se desbarató dicho equilibrio.
La ruptura
Un funcionario del gobierno oaxaqueño, cercano en la operación política de la Secretaría General de Gobierno (Segego), de esta y anteriores administraciones, quien pidió la reserva de su identidad, revela que la ruptura entre ambos sistemas de gobierno surgió tras el uso faccioso del presupuesto.
Explica que desde administraciones pasadas, algunos presidentes municipales ejercieron, en forma unilateral, el presupuesto y les negaron la oportunidad a las agencias de disponer de un porcentaje del Ramo 28, como lo establece la ley.
“Parte del conflicto que actualmente vive San Mateo del Mar es la negativa del presidente Bernardino Ponce Hinojosa de compartir con las agencias de esa comunidad ikoots los recursos del Ramo 28, que ascienden a unos 10 millones de pesos”, revela a EL UNIVERSAL la fuente gubernamental.
Asimismo, comenta que el conflicto nació porque el presidente Ponce Hinojosa desoyó demandas de obras públicas de las agencias que fueron ignoradas en la priorización de obras que dispone de recursos del Ramo 33, que ascienden a unos 51 millones de pesos.
Buscan diálogo
El funcionario del gobierno oaxaqueño que habla con este medio pidiendo el anonimato agrega que, en breve, la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca, que preside el salinacrucense Héctor Anuar Mafud, reanudará la búsqueda del diálogo entre todas las partes involucradas.
Durante ese proceso de búsqueda de paz y reconciliación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO) participará y estará atenta para que todos los actores sociales participen, adelanta el titular de ese organismo, José Bernardino Rodríguez Alamilla.
Por ahora, refiere, la DDHPO indaga qué autoridades tienen alguna responsabilidad, por la omisión que mostraron después de los hechos violentos del 2 de mayo, que derivó en la muerte de una persona en Huazantlán, el agente suplente, donde desatendieron la aplicación de medidas cautelares a la población.
“Nosotros estamos en permanente comunicación con todas las autoridades federales y estatales, así como con todos los involucrados en ese conflicto que, lamentablemente, ha cobrado vidas, por lo que seguiremos apostando a la paz, a la reconciliación por la vía del diálogo y de la ley”, concluye el defensor de los derechos humanos.
Para reencontrar el camino del diálogo, las autoridades tendrán que investigar dónde están los actores, incluyendo al presidente municipal constitucional, que desapareció de la comunidad, y de sus principales opositores que tampoco están.
Mientras tanto, tras el estallido violento y la barbarie, sólo queda un pueblo aterrado, que asegura que a una semana de la masacre aún no se ha logrado restablecer la tranquilidad y mucho menos llegar a la paz, tanto que aún no se puede transitar con seguridad en la zona, denuncian integrantes de la alcaldía única de San Mateo del Mar, órgano conformado por autoridades tradicionales y comunitarias.
En un documento oficial, estas autoridades por Usos y Costumbres que desconocen al edil Bernaedino Ponce, manifestaron que la violencia en San Mateo del Mar no es un conflicto interno entre comunidades ni agencias, tal y como lo indicó el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, sino que hay intereses económicos externos.
"Es un ataque de un grupo armado, de un agente externo, empresario con intereses económicos y políticos que coopta a ciudadanos de la comunidad, mismos que ahora pretende seguir controlando, inventando información y desvirtuando la verdad para sus fines”, denunciaron.
Y aseguraron que la situación que se vive en esta comunidad indígena es un caso de violencia política y de omisión por parte del Estado.
Con información de Roselia Chaca
afcl
