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Culiacán, Sin. 9 de Oct.- El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya negó que haya una persecución política contra funcionarios universitarios, varios de ellos separados de sus cargos, ya que enfrentan la instauración de diez procesos judiciales, por presuntos actos de corrupción en el manejo de 535 millones 784 mil pesos.
Subrayó que los datos que son públicos documentan que las carpetas de investigación contienen imputaciones por distintos hechos, como son las compras y adquisiciones irregulares de alimentos, ropa y otros pagos, sin licitarlo como marca la ley.
Hizo ver que derivado de las denuncias y vinculaciones a proceso varios funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa han sido separados de sus cargos en forma temporal, por ordenes judiciales, como es el caso del rector Jesús “N” y del encargado de la rectoría Robespier “N”.
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Rocha Moya indicó que estas separaciones temporales de sus cargos emitidas como medidas cautelares por jueces de control, se argumenta por diversos funcionarios universitarios, como “una persecución política”.
Citó que en su lucha contra la corrupción, se abrió con los procesos judiciales instaurados contra alcaldes morenistas de Culiacán y Mazatlán, en años recientes, por incurrir en actos de presunta corrupción, lo que originó que fueras suspendidos de sus funciones públicas.
Al referirse a la divulgación de datos y documentos exhibidos sobre los diez procesos judiciales que se ventilan en tribunales contra funcionarios universitarios, estos se han hecho públicos y algunos forman parte de investigaciones periodísticas.
Comentó que en los documentos, se detalla que oficialmente a la fecha se han instaurado 10 procesos judiciales contra altos funcionarios universitarios por presuntos actos de corrupción en el manejo de 535 millones 784 mil pesos, en operaciones de compras y adquisiciones sin licitar.
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El pasado cuatro de octubre, un Juez de control y enjuiciamiento que conoce de la causa penal 839/ 2024, aplicó como nuevas medidas cautelares a Robespier Lizárraga Otero, acusado de abuso de autoridad, ser separado en forma temporal del cargo de encargado del despacho de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Lizárraga Otero el pasado 19 de octubre del 2023, asumió dicho cargo, luego que un juez de control impuso una primera medida cautelar similar al rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña Molina, acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública por la compra ilegal de 45 millones de pesos en tortillas.
De acuerdo al criterio del Juez de Control y Enjuiciamiento, Carlos Alberto Herrera determino imponer una nueva medida cautelar a Robespier Lizárraga, en relación a la acusación fincada por negar al personal de la Auditoria Superior del Estado practicar una revisión al uso de los recursos que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A solicitud de la representación de la Fiscalía General del Estado de separarlo en forma temporal del cargo de encargado del despacho de la rectoría, a fin de evitar que este sea un obstáculo en las investigaciones que se llevan a cabo, el juez de control.
En audiencia celebrada el día 17 de octubre del 2023, el rector en funciones de la Máxima Casa de Estado, fue separado por primera vez de su cargo en forma temporal, como medida cautelar, ante la acusación de haber comprado 45 millones de pesos en tortillas sin cumplir los requisitos.
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