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Cancún, Q. Roo.-La casa de la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, ubicada en el municipio de Puerto Morelos, al sur de Cancún, fue allanada; su material periodístico -altamente sensible- y equipo, robado, y las dos perras que custodiaban su hogar, asesinadas, por dos sujetos, la tarde del domingo pasado.
La organización Articulo 19, que denunció ayer lo ocurrido, calificó el hecho como un acto de represalia por su ejercicio en defensa de los derechos humanos y de la Libertad de Expresión.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ana Cristina Ruelas, coincidió que el mensaje busca amedrentar e infundir miedo en la activista, pero también sembrarlo en otras y otros periodistas y defensores de los derechos humanos, en un contexto en el que “no hemos visto del nuevo gobierno la intención de crear una política pública para garantizar la protección de periodistas y activistas”.
De acuerdo con el relato de la organización, el domingo pasado, a las 18:30 horas, el par de sujetos desconocidos entraron al domicilio de Cacho Ribeiro, en el poblado de Puerto Morelos, luego de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma.
A la par, mataron a una de las dos perras que resguardaban el lugar y a la otra la enveneraron. Después, sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia.
Sin embargo, toda la información está respaldada y el material, bajo reguardo en el extranjero, subrayó la agrupación.
Además del robo de información, entraron a la recámara de la periodista, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior.
“Hay una clara intención de repetir las agresiones a las que ella se ha visto sujeta por su ejercicio periodístico. Es una forma de revictimizar”, dijo Ruelas, quien señaló que Cacho Ribeiro no se encontraba en el domicilio.
“Lydia está bien, buscando justicia exhaustiva, objetiva e imparcial, para dar con los responsables y que esto no quede impune. El material que le robaron era diverso, pero estaba respaldado. Se denunció lo sucedido ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ayer (anteayer) estuvimos con ellos durante los peritajes”, expresó.
Expertos en seguridad, consultados por Cacho Ribeiro, coincidieron en que después del allanamiento, “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.
A nivel local, ninguna autoridad, estatal o municipal se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco han informado si se están investigando los hechos y qué garantías de seguridad brindarán a la periodista, calificada por Artículo 19 como “una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”
Cacho Ribeiro documentó a partir del 2003 una red de pornografia y prostitución infantil, desde Cancún, con ligas en México y el mundo, que involucra a altos personajes de la política, el gobierno y la clase empresarial. Ha escrito diversos libros sobre la Trata de Personas y trabajaba en un proyecto sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.
Para la organización el allanamiento de su hogar ocurre en el contexto de la búsqueda de justicia por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo.
El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación, derivado de la publicación del libro “Los demonios del Edén”.
“Como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, la Fiscalía Especia para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista”, resaltó la agrupación.
