Hermosillo, Sonora. El Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora reveló información reservada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: pobladores afectados por el derrame de tóxicos a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, tienen en el organismo metales pesados como plomo, arsénico, manganeso y cadmio.

En un balance titulado "El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora" presentado por María Julieta Lamberti, directora de investigación de PODER, organización que acompaña desde hace ocho años al movimiento comunitario Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), en la lucha por la justicia y la reparación, se informó sobre los datos oficiales emanados de las mesas de diálogo iniciadas hace un año con el gobierno federal.

El 6 de agosto de 2014, México sufrió el peor desastre ambiental por un derrame minero. Fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora.

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Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, hasta llegar a la Presa El Molinito que abastece de agua potable a una parte de los habitantes de la capital del estado.

Atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.

Ante la tardía reacción de las autoridades y de la empresa, la contaminación se desplazó y los 22 mil 878 pobladores de 38 localidades de esos municipios y algunas zonas rurales de la capital del estado, consumieron y se bañaron con agua envenenada.

El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 381 personas reconocidas y al menos otras mil más que tienen expediente, pero no están contabilizadas como afectadas.

Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificación publicada en el DOF el 22/11/2000), así como en el estado de la calidad del agua.

Las medidas de restricción fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 pecuario; 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos) ubicadas a 500 metros de cada margen del río.

A ocho años del derrame, se ha revelado que persiste la presencia masiva de metales como plomo, arsénico y cadmio en habitantes de distintos puntos de la cuenca.

"Existe en habitantes de ocho municipios de la cuenca una exposición homogeneizada y evidente a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio. Un análisis realizado por Cenaprece, realizado a 650 personas, confirma la presencia de plomo en orina en más del 95% de la población, a Arsénico en más del 50%, y en Cadmio en más del 79%".

“A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo” van del 1 al 10% en cada municipio, y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía. En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90% de la población y exposición a manganeso entre el 19 y 50%, según su municipio”, refiere el informe presentado por Lamberti, acompañada por representantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora.

A Norberto Bustamante López del municipio de Huépac, se le corta la voz por la tristeza y luego se disculpa: “Soy muy sentimental porque me duele lo que nos está pasando, me duele mucho y discúlpeme los hombres no deben de llorar, pero no este momento, lo hacemos desde el derrame. Cuando fue el derrame, nos truncaron la vida, nos quitaron nuestras costumbres y vivimos una vida triste”, expresó.

Relató que después de la tragedia ambiental, nada fue igual, desde entonces hay éxodo de habitantes, muchas enfermedades de cáncer, alergias, tumores, tratamientos muy costosos y la gente sin dinero.

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Nada ha sido igual

Los pobladores de las comunidades afectadas por la contaminación al Río Sonora, nunca han sido informados sobre la calidad del agua que consumen, tienen desconfianza del vital líquido, pero no tienen opción.

Luz Apodaca Corrales, habitante de Baviácora, Sonora, fue la primera persona en denunciar a pocos días del derrame afectaciones en la salud por mojar su rostro en las aguas contaminadas del Río Sonora. Con el tiempo se le sumaron otros trastornos, su vida ha sido de constante visita al médico.

En ocasiones, también se ha expresado la desesperanza. “Es una muerte lenta, este es el único lugar que tenemos para vivir, aquí nacimos y aquí nos vamos a morir, eso a nadie le importa, nos dejaron a la suerte de Grupo México”, afirmó Héctor Canizales.

Norberto Bustamante, recuerda con nostalgia como las personas de Huépac se iban a bañar al río, ahora se bañan con agua contaminada y tienen que lidiar con alergias.

Como pequeño agricultor, lamenta que sus tierras se encuentren dañadas por metales pesados.

Recordó que, desde el derrame, la economía se desplomó en la región, no sólo porque les impidieron regar los cultivos por tres meses y la pérdida fue total, sino porque los productos del Río Sonora, adquirieron mala fama y en otras ciudades tienen reserva en consumirlos.

El catedrático investigador de la Escuela de Química de la Universidad de Sonora, destacó que no hay autoridad que advierta a la población que está expuesta en su salud, sobre los niveles de contaminación en el río Sonora y, sobre todo, en la presa El Molinito.

El especialista comentó que pescadores de agua dulce sacan producto de la presa y algunos estudiantes que han realizado análisis de estos peces le han comentado que están contaminados.

A 8 años del derrame de tóxicos, los habitantes del Río Sonora exigen la reapertura del Fideicomiso, remediación integral del río y el medio ambiente, pero, sobre todo, agua limpia.

El fallido fideicomiso

De acuerdo a los estudios realizados por investigadores de PODER, los daños económicos al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana ascienden a los 10 mil 200 millones de pesos, cantidad que quintuplica lo acordado por el gobierno mexicano y la empresa.

Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso por 2 mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños ambientales y a la salud.

El 15 de septiembre, se creó el Comité para el manejo del Fideicomiso Río Sonora, el cual presidía Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la pasada administración.

Con esos recursos se contemplaba la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS), que operaría hasta el 2029, pero en noviembre del 2019, el inmueble en obra negra se otorgó en comodato a la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, lo rechazó.

Además, se comprarían 36 plantas potabilizadoras de ósmosis inversa con una capacidad de 3 a 18 litros por segundo, 18 plantas potabilizadoras portátiles con una capacidad de 90 mil litros diarios, así como la adquisición e instalación de 10 mil 188 tinacos de mil 100 litros.

En febrero del 2017, cuando se habían gastado mil millones 250 mil pesos, se cerró de manera unilateral, sin previo aviso, sin evaluación, sin consulta, sin haber cumplido la mayoría de los compromisos contraídos en el Programa de Remediación.

Se realizaron pagos únicos a los afectados en la salud, por tomas de agua potable y actividades productivas; fue un resarcimiento inequitativo, ya que se benefició a prominentes productores y políticos por estar inscritos dentro del programa federal de Progan. Pequeños ganaderos reclamaron que no alcanzaron apoyos.

En el manejo discrecional del Fideicomiso, se destinaron 32.4 millones de pesos para una estrategia de comunicación social, lo que es cuatro veces más de lo entregado directamente al total de los afectados en su salud que fue de 7.8 millones de pesos. El colmo fue que parte del dinero de esta estrategia se destinó a la proyección de spots sobre la supuesta remediación de los ríos en las pantallas de Cinemex, empresa de Grupo México.

El 15 de enero del 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió, por unanimidad, el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora, en el caso relacionado con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental (amparo en revisión 640/2019).

En tanto, el gobierno federal se quedó a cargo de la atención de los 381 pacientes afectados por la contaminación y de alrededor de otros mil más que tienen carpeta clínica, pero no están reconocidos de forma oficial.