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Ures, Sonora
El derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, causado por la mina Buenavista del Cobre en agosto de 2014, no sólo provocó afectaciones en la salud de 381 personas reconocidas oficialmente, pues al menos otras mil personas también padecen los estragos de esta tragedia ambiental, se informó durante una visita de funcionarios federales a la entidad.
Aunado a ello, dieron a conocer que un mes después de la catástrofe se registró un segundo derrame, del que no se había informado y que por tales hechos los habitantes de la cuenca consumen agua contaminada con plomo, cadmio, mercurio y arsénico.
Enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, y el titular de la Comisión Federal para Atención contra Riesgos Sanitario (Cofepris), José Alonso Novelo, realizaron un recorrido por el Hospital General de Ures y la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para iniciar un plan inmediato de atención a las víctimas.
Durante esta inspección, Joel López Villagómez, director de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), informó a los funcionarios federales que hay al menos mil casos más de personas afectadas en su salud, aparte de las 381 reconocidas inicialmente.
Los padecimientos, detalló, son afecciones dermatológicas que son remitidas al centro de salud pública de la comunidad, debido a la incapacidad del UVEAS de atender a los pacientes.
El abandono
Tras el derrame de sustancias como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso, plomo, entre otras, ocurrido el 6 de agosto de 2014, más de 23 mil habitantes de siete municipios viven afectados.
Los tóxicos vertidos por la minera filial del Grupo México contaminaron el agua de los pozos para consumo humano, devastaron los cultivos, ganado y provocaron daños a la salud humana y el desplome de las actividades productivas en los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Baviácora, Aconchi y Ures,
Ante ello, el 15 de septiembre de ese mismo año, Grupo México creó un fideicomiso junto al gobierno federal para responder a los afectados y remediar la zona contaminada, el cual extinguieron el 2 de febrero de 2017, sin terminar de ejercerlo ni resarcir daños.
Grupo México entregó la obra inconclusa en comodato por 20 años a la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de Sonora y la Presidencia Municipal de Ures.
Aunado a que el 6 de agosto pasado también expiró un convenio entre la Cofepris y Grupo México, firmado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para dar atención a 381 personas reconocidas como afectadas por el derrame, quienes quedaron en el limbo.
La desatención, afirman habitantes del río Sonora, ha sido una constante desde la tragedia. “Es la pura verdad, aquí se olvidan de la gente que sufre, no ha habido oídos ni corazón noble que ayude a la gente humilde, los ricos se van lejos. Los niños toman agua, esos niños son vida, esos niños merecen vida, son humanos y son los que van a reponernos a nosotros”, afirma Manuel Casillas Cruz, poblador de Ures.
Frente a este panorama, el director del Instituto de Salud para el Bienestar y el titular de la Cofepris, acompañados por el secretario local de Salud, Enrique Clausen, determinaron que se acondicionará un área especial en el Hospital General de Ures, en tanto otras instancias como Profepa, Semarnat y Conagua realizan las investigaciones correspondientes sobre la empresa que ha incumplido con los afectados.
Un segundo derrame
El gobierno de México, explicaron, también investiga un segundo derrame, ocurrido entre el 16 y 18 de septiembre de 2014, sobre el cual no se alertó a la población y ni la empresa, ni el gobierno federal de aquel entonces crearon un acuerdo para resarcir las afectaciones ambientales y de salud.
“En este gobierno todos somos iguales, no hay privilegios para nadie, no debe haber privilegios, por lo que otras instancias están pendientes de una auditoría y revisión a las presas de jales de la minera”, dijo el titular de Cofepris.
El director del Instituto de Salud para el Bienestar coincidió en que se tiene que hacer cumplir con ese compromiso que dejaron desde 2014. “Nuestra tarea es que tengan los servicios de salud adecuados, el hospital reúne las condiciones regulares, lo vamos a mejorar”.
Por su parte, Reina Castro Longoria, ambientalista e investigadora de la Universidad de Sonora (Unison), consideró sumamente importante el reconocimiento de la verdad, pues si bien se está realizando un trabajo minucioso para atender a los afectados, “el gobierno no debe pagar lo que hizo un empresario irresponsable”.
Persiste la contaminación al agua y salud humana, con la gravedad de que los metales fueron arrastrados por torrenciales lluvias hacia la presa El Molinito de Hermosillo, donde hay un millón de habitantes.
En ese sentido José Alonso Novelo reveló que el 7 de agosto pasado, al concluir el convenio entre las autoridades de la pasada administración y la empresa se realizaron 60 muestreos de agua en pozos y tomas domiciliarias.
“Definitivamente las aguas están contaminadas de metales pesados y eso hay que corregirlo, se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos para tener una certeza sobre el asunto. Vamos a tomar muestras en marzo, cerca de la sequía porque varían los resultados, se concentran más los metales pesados mientras que en época de lluvia se diluyen”, explicó.
Desde 2014, señaló, el laboratorio analítico de la Cofepris no realizó ninguna prueba de agua y sólo se tomaron en cuenta los estudios que la propia empresa envió.
AMLO se pronuncia
Ayer en conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este jueves visitará la entidad y que hoy mismo el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, le presentará un informe sobre contaminación minera en la entidad.
Al ser cuestionado sobre si el gobierno federal planea sancionar a Grupo México, el mandatario explicó que no se adelantará hasta que tenga dictámenes de la dependencia. Con información de Víctor Ortega
