San Luis Potosí.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se comprometió públicamente a que en un plazo de 60 días sea equipado el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, para que entre en funcionamiento.
“Actualmente este hospital luce bien por fuera, pero por dentro está vacío, sin mobiliario, sin personal, sin medicamentos, “un elefante blanco” dejado por la ´herencia maldita´, no sirve y seguimos operando con un hospital viejo”, aseveró.
Dijo que el hospital doctor Ignacio Morones Prieto debe ser culminado en su totalidad y brindar la atención médica y hospitalaria que demanda la población potosina; al tiempo que mencionó que se gestiona su equipamiento y abastecimiento de medicinas con autoridades federales.
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Además, en el recorrido realizado, refirió que se ejecutan acciones para rescatar la infraestructura hospitalaria, porque es un adeudo con San Luis Potosí y compromiso que hizo cuando inició su administración.
Y reveló que hay un compromiso, por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) , para que en un lapso de 60 días se avance en la administración completa de este nosocomio.
Gallardo Cardona lamentó que la anterior administración estatal haya engañado a las y los potosinos y no trabajar para entregar unas instalaciones dignas y acordes a lo anunciado; por ello, la gran preocupación del actual gobierno para hacer del Hospital Central un centro médico 100 por ciento funcional y de servicio a la ciudadanía de las cuatro regiones.
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Y para cumplir con su compromiso de que este hospital preste mejor servicio a la población, aseguró que de ser necesario, su administración estaría dispuesta a destinar recursos públicos propios para echarlo a andar.
“Lo tenemos que trabajar juntos con Insabi, se le está poniendo todo el empeño; sin embargo no es suficiente, sino se concreta lo planeado podríamos recuperarlo con dinero del estado”.
Asimismo, advirtió que están en proceso las denuncias a presentarse de manera formal, por las anomalías encontradas en el manejo financiero del hospital, lo que significó una atención reducida, violatoria al derecho a la salud de las personas, con lo cual se pretende que las y los presuntos responsables paguen por su omisión e irresponsabilidad y que “caerá quien deba caer”.
afcl