El gobernador de , indicó que no votó en la consulta de porque no fue un ejercicio que lo incentivara a participar, sin embargo, aseguró que respeta este tipo de ejercicios que promueven la democracia participativa.

Recordó que como alcalde de se sometió a procesos de ratificación –que tampoco fueron vinculantes– y por ello respeta los “esfuerzos institucionales” para fomentar la participación ciudadana.

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Aunque criticó la forma en que durante el proceso se violentaron las reglas para su realización y promoción, opinó que eso no debe utilizarse para descalificar este mecanismo que fortalece la democracia; además, indicó que la validación de la legalidad del proceso corresponderá a la autoridad electoral.

Le preocupa que se haya emprendido una “guerra contra el INE”

Indicó que le preocupa que se haya emprendido una “guerra contra el INE ”, institución a la cual dijo respetar “en las buenas y en las malas”.

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Insistió en la importancia de que los ciudadanos puedan quitar o poner a sus gobernantes y aseguró que a pesar de no participar en lo personal, su gobierno colaboró en todo momento para que la jornada transcurriera en calma.

Finalmente, mencionó que el costo del proceso en Jalisco fue de 111 millones de pesos, mientras que la consulta organizada por su administración para la revisión del pacto fiscal fue de 29 millones de pesos, es decir que cada voto de la revocación costó 200 pesos mientras que los del pacto fiscal 74 pesos.

vcr/rdmd

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