Q. Roo.-
La sesión en comisiones unidas para dictaminar las dos iniciativas que proponen la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, fue interrumpida indefinidamente desde anoche, al no haber quorum, luego de que el diputado, Carlos Hernández del PRI, seguido por sus pares, Kira Iris San del PAN, Reyna Durán, legisladora sin partido y Aurora Pool del PAN, abandonasen el recinto.
El estudio y análisis de ambas iniciativas, promovidas por la legisladora, Ana Pamplona y José Luis Guillén del partido Movimiento Auténtico Social (MAS) y Partido del Trabajo (PT), inició al mediodía y se desarrolló entre el cruce de reproches y acusaciones entre las y los diputados asistentes a la sesión.
Uno de los primeros acuerdos de las y los legisladores de las Comisiones de Puntos Constitucionales , Justicia, de Salud y Asistencia Social, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, fue elaborar un solo dictamen respecto a las dos iniciativas.
Para su redacción se plantearon modificaciones a las propuestas originalmente presentadas por Pamplona y Guillén, para incorporar las observaciones de sus pares.
Por ejemplo, en el caso del artículo 92 del Código Penal que, actualmente, establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino, se sugería considerar como aborto a la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación; pero a propuesta del diputado Edgar Gasca, el rango quedó a partir de las ocho semanas.
Se agregó la definición de aborto forzado, precisando las modalidades o tipos de aborto, que será castigado de 3 a 8 años de prisión y si mediare la fuerza se elevará de cuatro a nueve años, según el artículo 94.
A petición de la diputada Tyara Scheleske (PVEM) se incorporó como requisito para que una mujer pueda suspender su embarazo, el que cuente con “el consentimiento del padre”.
La legisladora, quien argumentó que lo anterior busca preservar los derechos “del padre”, además de los de la mujer, también sugirió adicionar otras consideraciones al dictamen, incluido el tratamiento psicológico a quienes decidan abortar.
Si bien, lo anterior ya está contemplado en la Norma Oficial Mexicana 046, argumentó que es necesario elevarlo de rango, dentro de la ley; además propuso que, si existe un médico objetor de conciencia que se niegue a practicar el aborto, sea la institución médica la que designe a otro galeno para interrumpir el embarazo.
El diputado Guillén López sugirió modificar los términos que hacen referencia a “la madre” para que diga “mujer” y que se agregue el considerar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dentro de los servicios básicos de salud.
La diputada sin partido, Judith Rodríguez, propuso que solo medie la opinión de un médico para aplicar las causales de aborto en caso de que la salud de la mujer esté en peligro o que existan malformaciones en el producto.
El punto de quiebre fue la necesidad o no de modificar el artículo 13 de la Constitución del estado, que establece que el derecho a la vida es reconocido y protegido en la entidad, desde la concepción y hasta la muerte.
Ocurre que la iniciativa de la diputada Pamplona sí abarca la reforma, aunque la de Guillén, no.
Sobre ese punto, los abogados de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo dijeron a las y los diputados que no era necesario reformar el texto constitucional, que en sí mismo ubica los alcances de la protección del derecho a la vida, a través de excepciones establecidas en la ley.
Actualmente, hay cuatro excepciones que permiten abortar sin penalización : Cuando es un aborto espontáneo, cuando es fruto de una violación sexual, cuando hay alteraciones genéticas o congénitas que puedan provocar malformaciones del producto y cuando a juicio de un médico, la vida de la madre corres riesgos.
Luego entonces, con modificar el Código Penal bastaría para que la interrupción del embarazo, hasta las 12 semanas o las ocho -como propuso Gasca- entrase como una excepción más, sin que hubiese necesidad de reformar la Constitución.
Bajo ese razonamiento fue que se había acordado elaborar un solo dictamen, pues ambas iniciativas no se contraponen.
La explicación no convenció al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Martínez Arcila; tampoco a la suplente de la diputada Lili Campos del PAN , Kira Iris San quien insisitió en incluir la reforma constitucional en el dictamen, pues no era posible prescindir de ésta, debido a que las excepciones o causales están en el rango de leyes secundarias.
En su alegato, Kira Iris invocó articulos de constitucionales -el cuarto y el 31- que no logró vincular con su exposición y luego alegó que debía privilegiarse el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, cuando esos derechos no son tocados ni afectados por la despenalización del aborto.
El legislador Carlos Hernández del PRI también pidió entrarle de fondo al tema de la Constitución, al considerarlo relevante, al igual que su par, Reyna Durán, quien desde el martes pasado anticipó que votará en contra de la despenalización del aborto.
Ante la insistencia se propuso retomar la reforma al artículo 13 constitucional, lo que implicaría que, de aprobarse el dictamen, en el pleno, tocaría a los municipios pronunciarse a través de sus cabildos, lo qu e aplazaría indefinidamente la discusión , en medio de un proceso electoral en marcha para elegir ayuntamientos.
La redacción de la reforma del artículo 13 propone que en la entidad se reconozca, proteja, respete y garantice a todas las personas los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, en los tratados internacionales de los que el país sea parte, en las normas generales y locales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
Eduardo Martínez Arcila del PAN
y la diputada sin partido Reyna Durán Ovando insistieron en que se había cometido un error, entre otras cosas, porque la redacción del artículo era prácticamente idéntica a la del artículo 12, lo cual consideraron grave.
Guillén intervino para pedir que se sometiera a votación sacar el texto constitucional del dictamen, pero Hernández Blanco dijo que no se trataba de un juego, de votar para incorporar y luego para excluir.
Martínez Arcila fue a más, asegurando que en los términos en que estaba planteado, el dictamen aprobaba la despenalización del aborto, por lo cual no entendía por qué, siendo mayoría, los que estaban a favor del derecho a decidir no sometían el dictamen a votación.
En respuesta, Guillén pidió al panista “no intentar confundir”; aclaró que en su propuesta de dejar de lado la reforma constitucional no hubo consenso y remarcó que si lo pidió fue porque en su iniciativa no se contemplaba tocar ese máximo mandato.
Cuando se iba a someter a votación lo sugerido por Guillén, Carlos Hernández, del PRI, Kira Iris y Aurora Pool, suplentes de Lili Campos y Atenea Gómez, del PAN; y Reyna Arceo de Morena, argumentaron que no podían prestarse a votar contrario a lo que mandatan el proceso legislativo y la Constitución y abandonaron por segunda ocasión la sesión.
Hernán Villatoro del PT
, condenó que en “los galimatías” de quienes “en su ignorancia” pretendían confundirles, se “reventara” la sesión.
Tyara Schleske de Ariño, José de la Peña, del PVEM y Roberto Erales del PT y Edgar Gasca de Morena, también criticaron fuertemente a quienes se marcharon, al considerar que rehuían de su responsabilidad y le faltaban al respeto a la ciudadanía.
Sin haber llegado a un debate profundo y a falta de quorum, la sesión que se prolongó hasta las 22:37 horas, culminó, cuando la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez Villanueva, decretó un quinto receso.
Afuera del recinto, la ola verde feminista advirtió que sin quorum y sin dictamen, mantendrán la toma del Congreso y lamentó que, una vez más las y los diputados hayan roto un acuerdo.
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