El retraso de la XVI Legislatura para dictaminar y votar la iniciativa presentada por la diputada Ana Pamplona (PT), para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, a través de la modificación del artículo 13 de la Constitución de Quintana Roo y de diversos artículos del Código Penal, provocó que se agotara el plazo legal para discutir la propuesta en comisiones y llevarla al pleno.
Como resultado, sólo es posible entrar a la discusión de la iniciativa presentada el 24 de agosto por el diputado del Movimiento Auténtico Social (MAS), José Luis Guillén López, la cual fue leída en el pleno en septiembre pasado y turnada a las Comisiones de Justicia, presidida por la legisladora, Lili Campos, del Partido Acción Nacional (PAN) y a la de Salud y Asistencia Social, encabezada por Edgar Gasca, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El pasado 9 de marzo, Pamplona Ramírez, diputada por el Partido del Trabajo (PT), presentó la "Ley Pamplona" para despenalizar el aborto y 9 días después, el Congreso paralizó sus actividades con motivo de la pandemia por coronavirus.
Hasta el 21 de mayo, cuando se reanudaron las sesiones, la propuesta fue leída en el pleno y se turnó, para su estudio, análisis y dictaminación, a las Comisiones de Justicia, Salud y Asistencia Social; Equidad de Género, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales que, hasta ahora, no han sesionado.
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Debido a lo anterior, el plazo legal para dictaminar y someter a votación esa iniciativa se venció, indicó Ariadne Song, integrante de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), al confirmar que ese retraso y la resistencia de la legislatura para abordar el tema, es lo que ha provocado que se intensifique la presión por parte de las colectivas para que los legisladores aborden el tema.
Song explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 149, toda iniciativa, ley o decreto deberá ser analizado y votado en pleno, dentro del término de 180 días naturales siguientes, contados a partir de su lectura.
“Las Comisiones deberán dictaminar las iniciativas que les fueren turnadas dentro de un término máximo de 150 días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en pleno. Si una sola iniciativa fuera turnada a dos o más comisiones, éstas trabajarán unidas y emitirán conjuntamente un solo dictamen”, refirió.
Si por su complejidad, se requiere de mayor tiempo para su análisis, estudio y resolución antes de que concluya el plazo, la Comisión debe solicitar una prórroga fundada y motivada hasta por un plazo de 90 días naturales.
“Sabemos que la iniciativa de la diputada Ana Pamplona fue admitida y turnada a comisiones el 21 de mayo, cuando se reactivan las labores legislativas suspendidas por acuerdo de la Jugocopo, el 18 de marzo.
“Del 21 de mayo, cuando se turnó la iniciativa a las cinco comisiones, al tres de diciembre, han transcurrido 196 días”, dijo, al detallar que eso significa que los 150 días límite se rebasaron y no existe evidencia documental conocida sobre alguna solicitud de prórroga.
Sostuvo que de este modo, la única iniciativa vigente en torno a la despenalización del aborto es la impulsada por el diputado Guillén.
Para Yunitzilim Rodríguez, también integrante de la RFQ, lo ocurrido “demuestra que ha habido una omisión constante de las y los diputados; una intención recurrente para no entrar al tema”.
La negativa se remonta a la XV Legislatura, que el 7 de abril de 2017 recibió la iniciativa presentada por el gobernador Carlos Joaquín, para despenalizar el aborto, misma que luego “desapareció” o la iniciativa que “Marea Verde” presentó el 24 de septiembre de 2018 y fue “congelada”.
Las colectivas feministas reiteraron ayer que en tres años, las dos Legislaturas tuvieron el tiempo suficiente para documentarse, consultar a expertas y expertos y hacerse del material legal, científico y laico suficiente para hacer su trabajo: Legislar sobre el tema, pero han optado por evadir su obligación.
Pamplona Ramírez declaró que su iniciativa estaba “congelada” y que no había interés de los diputados por discutirla por miedo al costo político.
Conforme a su testimonio, contenido en la investigación “Castigar la Libertad. Criminalización del Aborto en México” -publicada y presentada el pasado 18 de noviembre, por la Agencia CIMAC- los legisladores de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales, Salud, Derechos Humanos y de Equidad de Género declinaron la invitación para participar en mesas de trabajo con expertas y expertos.
Incluso se negaron a viajar a la CDMX para que conocieran cómo funcionan los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ofrecidos por la Secretaría de Salud desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México.
Para evitar que la iniciativa de Guillén corra la misma suerte que la llamada “Ley Pamplona”, la Red exigió que la propuesta fuese dictaminada, pero no fueron escuchadas, lo que finalmente las llevó a tomar la sede del Congreso, ubicado en Chetumal, capital del estado, la noche del 27 de noviembre.
Previo a la ocupación del recinto, el 16 de noviembre entregaron un pliego petitorio al gobernador Carlos Joaquín y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda, con 54 puntos, siendo uno de ellos, debatir y votar la despenalización del aborto.
Con esa demanda, el 25 de noviembre acamparon fuera del Congreso, sin quelos legisladores pusieran fechas para abordar el tema, hasta que tomaron el recinto legislativo.
El 2 de diciembre, las comisiones involucradas programaron una reunión de parlamento abierto para analizar el tema el nueve de este mes, con la participación de diferentes especialistas, autoridades y organizaciones.
