A la jueza veracruzana, Angélica N, señalada de haber pretendido liberar ilegalmente a una persona acusada del presunto delito de homicidio, se le modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la de resguardo domiciliario.
Durante una larga audiencia para dar cumplimiento a una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual ordenó modificar la prisión preventiva justifica al considerarla “desproporcionada”, el juez que lleva la causa determinó el resguardo domiciliario y una garantía económica de un millón de pesos.
“Esta determinación se da derivado de la resolución dentro del mismo juicio de amparo”, informó el abogado defensor, Ricardo Aguilar Sánchez.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, determinó proteger a la jueza al considerar como “desproporcionada” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
De tal forma, que dicho órgano jurisdiccional ordenó al Juez del penal de Pacho Viejo, emitir una nueva medida cautelar, que no fuera prisión preventiva ni oficiosa.
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Por la mañana de hoy, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó la resolución fast track de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, pues denuncio que resolvieron en 24 horas.
“Ah caray, todo el servicio del Poder Judicial federal para alguien que liberó a un narcotraficante, así de cañón está esto, que bárbaro, se vuelan la barda, pero era bueno que se les quitara la máscara”, acusó.
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Fue el pasado 21 de junio cuando la jueza veracruzana fue vinculada a proceso como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, respectivamente.
En una larga audiencia, el Juez de Control del Penal de Pacho Viejo, Roberto Santiago Maldonado Morales, ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada en contra de la ahora ex funcionaria judicial, detenida en la Ciudad de México señalada de haber pretendido liberal de manera ilegal a Itiel N, quien era señalado de tres crímenes, entre ellos del diputado local priista Juan Carlos Molina.
La autoridad ministerial señala a la jueza de realizar diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”.
Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondía al quejoso ni la materia; además que no existía registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan. Con ello fue acusada de la probable comisión del delito contra la fe pública.
La Fiscalía señaló que la carpeta de investigación se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado una certificación de hechos que no eran ciertas y dio fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso en el que se encontraba la juzgadora.
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