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Comitán de Domínguez.- Dos funcionarios del programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad fueron detenidos por indígenas tzotziles en el municipio Chenalhó, acusados de “envenenar el agua con coronavirus ”, informaron fuentes oficiales.
Los dos funcionarios de la Secretaría de Bienestar, identificados como Marco Emilio y Rolando, llegaron a la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros, del municipio de Chenalhó , para notificarle a ocho personas que habían salido beneficiados con el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad.
Cuando los indígenas tzotziles se percataron de la presencia de los funcionarios federales, que llevaban cubrebocas, gel antibacterial y guantes, de inmediato se organizaron y procedieron a rodearlos, para acusarlos de “envenenar el agua con coronavirus”.
En el centro del poblado, Marco Emilio y Rolando se identificaron como funcionarios de la Secretaría de Bienestar y aseguraron que su presencia en la comunidad era para notificar a ocho personas serían beneficiadas con un recurso federal, por lo que mostraron los documentos.
Después de mandar a llamar a las familias que serán beneficiadas con el programa, los indígenas permitieron que los funcionarios federales retornaran a San Cristóbal de las Casas, a unos 48 kilómetros de distancia.
Pero en el trayecto, otro grupo de indígenas de la comunidad San José Majomut interceptaron la unidad en la que viajaban, acusados de “envenenar el agua de los ríos y los arroyos con coronavirus”.
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Esta vez, los indígenas exigían la cantidad de 150 mil pesos para que procedieran a su liberación porque de no entregar el dinero, serían linchados.
De inmediato, funcionarios del gobierno del estado se movilizaron y se consiguió la liberación de Marco Emilio y Rolando y la madrugada del martes arribaron a San Cristóbal de las Casas, dieron a conocer funcionarios consultados.
Desde hace varios días, habitantes de los municipios de San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Bochil, Teopisca y otros se mantienen organizados para evitar que brigadas de Vectores de la Secretaría de Salud ingresen a fumigar para controlar al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, pues aseguran que en caso de que ingresen a los barrios, comunidades y colonias, serán detenidos y hasta “linchados”.
La oposición se amplió para el personal de Protección Civil que realiza labores de desinfección en las calles, contra el coronavirus.
Ante esto, los ayuntamientos de Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Bochil y San Fernando han cancelado las labores de fumigación y desinfección en la vía pública.
Grupos civiles como Glifoscomunicaciones, ha emprendido una campaña para tratar de explicar los peligros que corren las comunidades ante la presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, en caso de que no permitan la fumigación.
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afcl/rcr