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Por orden de un juez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo inició hoy el proceso de restitución de tres hoteles en Punta Piedra, municipio de Tulum, que fueron arrebatados a sus propietarios originales, a través de juicios laborales “a modo” que se armaron durante la administración del entonces gobernador Roberto Borge Angulo.
Elementos de la Policía estatal, acompañados de actuarios y de personal de la dependencia, procedieron a la desocupación pacífica de los inmuebles identificados como Hotel “Viento del Mar” –antes “Playa Azul”- ubicado en la parcela 1959; “Cabañas Puertas del Cielo”, en la parcela 1958 y “Hotel Rosa del Viento” -antes “Cabañas Ixchel”- en la parcela 2042, operados actualmente por los hermanos Ramiro y Omar Homero Tijerina Herrera.
El trío de inmuebles era propiedad de Joel Tovar Arcos, Pedro Hernández Ramírez y del Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez.
Sin embargo, el 23 de mayo de 2014, la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen ordenó el desalojo de cuatro hoteles –entre ellos, los tres antes citados y el hotel Dos Ceibas- como parte de un laudo laboral 138/ 2012, promovido por dos supuestos trabajadores: Samuel Aguilar Ibarra y Omar Homero Tijerina Herrera.
Aquel desalojó contó con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tulum, vía exhorto 040/ 2013, girado por la Junta de Conciliación y se realizó con base en el resolutivo de un juicio contenido en el expediente JECA/ PC/ 1164/ 2011, a favor de Aguilar Ibarra y Tijerina Herrera.
Entre los demandados figuraba Carlos Amador Treviño Lozano, quien en aquel juicio se acreditó como albacea en la sucesión testamentaria de Karl Erik Noren Erickson y como apoderado legal de “Inmobiliaria Norenco”, una supuesta empresa que se asumía propietaria de los tres hoteles, que en realidad estaban en posesión de Tovar Arcos, Hernández Ramírez y el ejido.
Para finiquitar el conflicto laboral, Treviño Lozano ofreció un supuesto acuerdo a los presuntos trabajadores –Samuel y Omar- consistente en el pago de 200 millones de pesos en cinco días y una pena de 35 mil pesos por cada día que no se cumpliese el pago total.
En la firma de aquel convenio, celebrado ante la Justa Especial 2 de Conciliación y Arbitraje, comparecieron también Julio César Pizano Lázaro y José Luis Rodríguez Hernández –apoderado legal de María de los Ángeles Tovar Gómez, viuda de Márquez.
El acuerdo no se respetó y el dinero no se pagó, lo que dio origen al desalojo de 2014.
Ante el despojo, fruto del juicio laboral irregular, los propietarios originales interpusieron un amparo -617/ 2014 el 11 de junio de ese año y sus ampliaciones acumuladas 620/ 2014, 627/ 2014, 629/ 2014 y 634/ 2014- ante el Juzgado Segundo de Distrito, que el 29 de noviembre de 2016, falló a su favor.
Los pretendidos empleados, se inconformaron y promovieron un recurso de revisión, sobre el fallo del Juzgado Segundo.
Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, se declaró firme la demanda de amparo, se declararon sin materia los recursos de revisión promovidos por Treviño y anexos y se ordenó la restitución de los inmuebles a Joel Tovar, Pedro Hernández y Nuevo Centro de Población José María Pino Suarez.
La resolución tomó en cuenta la posibilidad de que los inmuebles hubiesen cambiado de nombre o que les hubiesen hecho modificaciones estructurales, por lo que determinó que ello “no debe ser impedimento para su identificación” y restitución a los quejosos.
La restitución de hoy se suma a las realizadas hace un año, también en hoteles ubicados en la costera de Tulum, que también fueron arrebatados a sus dueños, mediante juicios laborales armados desde la Secretaría del Trabajo del estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje.
afcl
