Monterrey.— El gobierno de Nuevo León clasificó como reservada la información sobre el aumento otorgado a María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y mintió a tres colectivos ciudadanos que solicitaron esos datos, pues les habían indicado que la información “forman parte de una investigación”.
Liliana Flores Benavides, del colectivo Nosotros; Gilberto Marcos, de Vertebra, y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, acudieron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León a presentar una impugnación o recurso de revisión por la información sobre la familiar del gobernador.
Los activistas explicaron que el recurso fue presentado por la negativa de la Secretaría de Administración del gobierno estatal para informar sobre la movilidad salarial y el cargo o cargos que ostentó la suegra de El Bronco en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde recibió incremento de 133% en un periodo de sólo 14 meses, a pesar de que 10 de ellos estuvo con licencia para buscar la alcaldía de Santa Catarina por la vía independiente.
“La Secretaría de Administración negó la información bajo el argumento de que doña Tere ya no trabajaba en Seguridad Pública porque ahora es pensionada, y clasificó como reservada toda la información de la suegra del gobernador, en una decisión que no se justifica, pues no corre riesgo alguno la señora Tere”, aseguró Flores Benavides.
Exigieron que el gobernador explique lo que pasa con los recursos públicos, para evitar que sigan los cuestionamientos ciudadanos.
Los activistas explicaron que la Secretaría de Administración alegó que la información se clasifica porque es parte de una investigación judicial, pero no han entregado un solo documento a la Fiscalía Anticorrupción y hasta su titular, Javier Garza y Garza, reconoció que ya fueron multados por desatender los requerimientos para avanzar en las indagatorias.
Hasta ahora se han aplicado tres multas de 2 mil pesos para Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, el Isssteleón y la Secretaría de Seguridad Pública, pero el fiscal anticorrupción Garza y Garza aseguró que si no entregan la información la siguiente multa será de 100 mil pesos.
Liliana Flores, del colectivo Nosotros, consideró que clasificar como reservada la información es una “acción leguleya” y hace presumir que están haciendo tiempo para armar un expediente que no tienen.
