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Cuernavaca, Morelos.- Detrás de la disputa por el autogobierno en el Cereso Morelos —donde en dos meses nueve internos murieron a causa de tres motines— los grupos antagónicos de reclusos también buscan controlar el mercado de los teléfonos móviles, chips, memorias USB, droga y artículos electrodomésticos.
El comercio en el penal morelense era productivo hasta la administración anterior (2012-2018), dicen las actuales autoridades penitenciarias, que en un año de revisiones requisaron 400 muebles de madera con compartimientos secretos, así como 700 artículos electrodomésticos, entre hornos, licuadoras, televisiones, DVD, sistemas teatrales, bocinas y otros productos.
En esas acciones, además decomisaron 2 mil 400 prendas, entre pantalones, playeras, zapatos, tenis, bermudas y gorras, que exceden lo permitido por cada persona privada de la libertad.
En opinión de las autoridades penitenciarias, los amotinamientos de octubre y noviembre responden a la lucha por el autogobierno, pero también al dominio del mercado de artículos de lujo, comunicación y droga.
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La presencia de internos con poder en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos y su riesgo de descomposición por el autogobierno, así como las precariedades que registran ese y otros penales fueron detectadas en 2018 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual arrojó una calificación de 7.2 al sistema penitenciario estatal en la evaluación de los Ceresos varonil, femenil, así como las cárceles distritales de Jojutla Cuautla y Jonacatepec.
Esa, explican, fue la herencia del gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018), quien depositó la responsabilidad del sistema penitenciario en el comisionado estatal de seguridad, Jesús Alberto Capella y su equipo, que ahora trabajan en Quintana Roo.
El estado de alerta manifestado en 2018 detonó en este primer año de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES) con el choque entre grupos que representan a los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Rojos, con un saldo de nueve muertos y 15 heridos en tres motines dentro de este Cereso, también conocido como penal de Atlacholoaya porque se ubica en el poblado del mismo nombre.
Las autoridades penitenciarias afirman que el método de revisión heredado por el excomisionado de Seguridad Jesús Alberto Capella y su equipo resultó tan laxo que algunas mujeres fueron detectadas con droga introducida en la vagina. Un caso que llamó la atención fue la detención de una mujer que llevaba en su vagina 280 gramos de heroína moldeada en forma fálica.
Las exigencias
Luego de los enfrentamientos registrados en el penal de Atlacholoaya, familiares de los internos protestaron por las restricciones de visita, el cobro de servicios en el interior de la prisión, las precarias condiciones en que viven los reos y el autogobierno al que se encuentran sometidos.
Sus quejas las descargaron contra el coordinador del sistema penitenciario en el estado, Jorge Israel Ponce de León Bórquez, y exigieron su destitución junto con sus principales colaboradores. La petición fue apoyada por un grupo de custodios del Cereso.
En atención a la demanda, el comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, “destituyó” a la directora general de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo; al director general de Reinserción Social, Alejandro Cornejo Ramos y al director general operativo del Cereso Morelos, Raúl Colín Martínez El Antrax, pero en realidad sólo los cambió a la cárcel distrital de Jonacatepec.
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El secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, infirió que el descontento de algunos internos se debe al trabajo de las autoridades que reforzaron la revisión de celdas y las visitas de familiares y lograron resultados que no habían reportado en los últimos cinco años de la administración pasada.
Un reporte interno —con periodo de octubre de 2018 a octubre de 2019— arroja que en mil 500 revisiones en el Cereso Morelos se decomisaron 460 teléfonos celulares, 300 chips, 360 Memorias USB, 600 estupefacientes y sicotrópicos, tres kilos de marihuana, 800 puntas hechizas, 500 objetos punzocontundentes en palos de madera y de metal, 2 mil 400 prendas, como pantalones, playeras, zapatos, tenis, bermudas y gorras, entre otros, que exceden de lo permitido por cada persona privada de la libertad.
En los operativos requisaron 400 muebles de madera con compartimientos secretos, 700 electrodomésticos, entre hornos, licuadoras, televisiones, DVD, sistemas teatrales, bocinas y 180 litros de sustancias etílicas, como cubetas de fermentado y botellas de alcohol conocido como turbo.
Refuerzan vigilancia
Antes de los disturbios, el coordinador del Sistema Penitenciario en Morelos también ordenó el reforzamiento de la vigilancia durante las visitas de familiares y detuvo a mujeres que intentaban ingresar diversos artículos escondidos en sus partes íntimas o al interior de los alimentos.
En la lista de decomisos destacan 40 teléfonos celulares, 320 chips, 280 Memorias USB, 280 gramos de heroína, mil sicotrópicos (pastillas conocidas como chochos), 50 gramos de la droga conocida como cristal. También ocultaron y pretendieron ingresar al penal con un kilo de marihuana y 130 gramos de oro en cadenas, pulseras y aretes.
Las mujeres detenidas con chips, celulares, medicamento controlado y droga (heroína, cocaína) fueron puestas a disposición del Ministerio Público (MP), mientras que las que se detectaron con chips y celulares se iniciaron actas de hechos y se sesionaría a través del Comité Técnico.
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Con estos resultados, el secretario de Gobierno se pronunció a favor de que el coordinador del Sistema Penitenciario, Ponce de León Bórquez, sea mantenido en el cargo, aunque el responsable de la política penitenciaria es el comisionado estatal de Seguridad, dijo.
La crisis anticipada
En 2018, la CNDH alertó sobre condiciones de riesgo en el Cereso Morelos y le adjudicó una calificación de 6.84 con tendencia a la baja. En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria detectó sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud e insuficiencia de vías para la remisión de quejas por probables violaciones a los derechos humanos.
En aspectos que garantizan una estancia digna, el organismo encontró deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones para la comunicación con el exterior y deficiencia en la alimentación.
En materia de gobernabilidad, detectaron insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencia en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno o cogobierno, presencia de actividades ilícitas y presencia de cobros, como extorsión y sobornos.
En el rubro de reinserción social del interno, se encontró deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación e insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
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Atención apropiada en supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, capacitación del personal penitenciario, integración del expediente técnico-jurídico, integración y funcionamiento del Comité Técnico, atención a personas indígenas, con discapaciad y LGBTTTIQ+.
Un año después, la observación de la CNDH se repitió y agregó otros tópicos que robustecieron la posibilidad de amotinamientos: empeoró la calificación de 5.98 y precisó el hacinamiento porque el penal tiene una capacidad para 2 mil 19 internos, pero en el interior conviven 2 mil 337.
De acuerdo con la CNDH, la tendencia de riesgo en el penal va a la alza.
