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Tijuana.— Cinco familias que hace aproximadamente una semana solicitaron asilo al gobierno estadounidense fueron retornadas a territorio mexicano a través de la garita El Chaparral, como parte del Protocolo de Protección al Migrante que inició la última semana de enero pasado.
El titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, detalló que en total fueron 16 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala las que regresaron a la frontera.
La Coalición Pro Defensa del Migrante en Baja California informó que estos centroamericanos fueron tras-ladados a diferentes refugios; entre el grupo había al menos seis menores acompañados por algún familiar.
La coordinadora de la coalición, Esmeralda Siu, afirmó que los albergues han recibido a las familias, aunque alertó que mientras algunos operan al 90% de su capacidad, otros ya la triplican, como el caso del refugio Madre Assunta, al que son enviadas mujeres solas o acompañadas de sus hijos.
El retorno de migrantes inició el 29 de enero pasado cuando Carlos Gómez Perdomo se convirtió en el primer centroamericano que el gobierno de Estados Unidos regresó a Tijuana luego de solicitar asilo.
En San Francisco, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos presentaron ayer una demanda ante una corte federal de Estados Unidos que pretende que se emita una orden judicial que le impida al Departamento de Seguridad Nacional implementar la política que entró en vigor en enero en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, según la cual las autoridades migratorias estadounidenses obligan a regresar a México a quienes buscan asilo.
De acuerdo con el INM, hasta el pasado 14 de febrero desde la Unión Americana han retornado a un total de 63 personas que solicitan asilo en aquel país, entre las cuales hay 10 menores de edad.
Aumenta costo humanitario. El éxodo migratorio desde América Central hacia México dispara a niveles récord las necesidades financieras de la agencia de la ONU encargada de salvaguardar los derechos de los refugiados que llegan al país.
Para afrontar los retos humanitarios provocados por los flujos centroamericanos, la ACNUR estima que necesitará este año unos 61.7 millones de dólares, una cifra que equivale a la suma de los presupuestos de operación de los tres años previos (2016-2018).
Las acciones de la agencia de Naciones Unidas en México facturaron sólo 3 millones de dólares en 2014; desde entonces los montos han ido ascendiendo hasta alcanzar 24 millones en 2018. El organismo con sede en Ginebra reporta que hasta el 6 de febrero pasado había recibido sólo 533 mil 126 dólares, lo que equivale al 1% del monto total requerido.
Las actividades de ACNUR son financiadas por contribuciones voluntarias procedentes de países y donantes privados.