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La región donde reside la familia LeBarón, una comunidad mormona donde el pasado lunes fueron asesinados nueve de sus integrantes, ha sido olvidada por los gobiernos de Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena).
Desde el 2009 el activista Julián LeBarón hizo énfasis en la ola de violencia que azotaba al noroeste de Chihuahua por la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Esa misma inseguridad estaba presente en los municipios de Sonora que colindan con tierras chihuahuenses y, aunque ha pasado una década, las autoridades no han logrado erradicar los homicidios en esta zona del país.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que desde hace 10 años han sido asesinadas mil 724 personas en nueve municipios de Chihuahua y 10 de Sonora que son colindantes. El 72% en tierras chihuahuenses.
Aunque la cantidad de homicidios subió y bajó en la última década, en 2017 y 2018 hubo un repunte al registrarse 183 y 144 asesinatos, respectivamente, en los límites de Sonora y Chihuahua.
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Anterior a eso, en 2009 se contabilizaron 247 decesos; en 2010 fueron 275; en 2011, 186; en 2012 fueron 182; en 2013, 157; en 2014, 130; para 2015 se registraron 127, y en 2016 se contabilizaron 93.
Aun cuando el Inegi no tiene datos de homicidios de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalla que hasta el 30 de septiembre se han abierto 80 carpetas de investigación por homicidios culposos y dolosos en la región que comparten los dos estados.
Delincuencia se disputa territorio
Desde hace tiempo, células de los cárteles de Juárez y de Sinaloa se disputan la frontera noreste entre los estados de Sonora y Chihuahua, una región estratégica para el trasiego de drogas a Estados Unidos. Pero un nuevo protagonista se sumó a la confrontación: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de alianzas con grupos.
Según autoridades, el pasado 27 de octubre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa advirtieron a los habitantes de Agua Prieta, municipio colindante con Bavispe, Sonora, donde sufrió el ataque la familia LeBarón, de una posible incursión armada de Jalisco.
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“Agua Prieta es nuestra y no vamos a perderla, lucharemos hasta la muerte por esta ciudad, así que otros cárteles ni volteen para acá”, reza el mensaje que circuló en redes sociales de la ciudad fronteriza con Estados Unidos.
Días después, un grupo armado, que dijo ser parte del CJNG, advirtió: “Venimos por los sinaloas”.
La Línea y Los Salazar, brazos armados de los cárteles de Juárez y Sinaloa, respectivamente, son considerados por el gobierno federal como células muy violentas.
De acuerdo con autoridades, el Cártel de Juárez, con tradicional operación en Chihuhua y fundado por Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, cuenta con células: La Línea y la pandilla criminal Los Aztecas.
En su informe 2018 sobre los grupos del narco, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que el Cártel de Juárez libró una guerra territorial de varios años con el de Sinaloa, que en su apogeo a mediados de 2010 dio lugar a muchos asesinatos relacionados con drogas en Chihuahua. Aunque Juárez se ha caracterizado por no ser tan expansivo como su rival.
El Cártel de Sinaloa cuenta con 10 células: Gente Nueva, Los Cabrera, Cártel del Poniente, La Laguna, Los Aquiles, El Tigre, Del 28, Los Artistas Asesinos (pandilla), Los Salazar y Los Memos.
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Los Salazar mantienen el control de importantes rutas para el tráfico de droga en Sonora y las autoridades los señalan como los principales generadores de violencia en esa entidad y parte de Chihuahua.
En agosto pasado fue asesinado Sergio Alberto del Villar Suárez, Napoleón, uno de los jefes de plaza del mencionado grupo criminal, al que autoridades le atribuyen el desplazamiento forzado de cientos de personas que habitaban comunidades de Sonora y Chihuahua.
Inicios de la violencia
En 2009 la familia LeBarón llamó la atención de México por primera ocasión; tras el secuestro de Érick y el asesinato de Benjamín, miembros de esa familia, Julián LeBarón exigió mejores condiciones de justicia a los gobernantes en turno, pero al no encontrar este apoyo la misma comunidad mormona montó su estrategia de seguridad para combatir la delincuencia.
El grupo mormón vive en los municipios de Galeana, Nuevo Casas Grandes y Ascensión. Estos dos últimos ocupan el segundo y tercer puesto de la lista de localidades con más asesinatos en la región.