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Cancún.- La Red Feminista Quintanarroense retomó el diálogo que habían roto con las instituciones del estado, bajo la condición de no incurrir en “simulaciones”, proseguir las investigaciones sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y funcionarios involucrados en la represión armada del pasado 9 de noviembre en Cancún, la reparación del daño a las víctimas de esas protestas y la no criminalización a las colectivas.
En esos términos las representantes de las 26 colectivas que integran la Red, aceptaron reunirse con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González , legisladores y miembros del gabinete, a quienes presentaron un pliego petitorio con 54 puntos, desglosados, para construir una “agenda feminista” y garantizar de forma efectiva el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el respeto a sus derechos humanos y el combate real de la violencia feminicida.
“Esta es la última llamada institucional que hacemos (…) nuestros derechos no son negociables”, advirtieron al informar hoy, los resultados de ese encuentro.
Los puntos del pliego se enfocan en transparencia presupuestal, procuración e impartición de justicia, seguridad pública, acciones legislativas, centros de Justicia para las mujeres, atención a la Alerta de Violencia de Género (AVG), garantía de los derechos sexuales y reproductivos, medidas en materia de medios de comunicación y transporte público digno y seguro, todo ello con enfoque intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.
Para monitorear el cumplimiento de las demandas se instaló una nueva mesa de trabajo, que reúne a los tres poderes de gobierno en la entidad y a los órganos autónomos.
“Este diálogo sólo es el comienzo”, aclararon las colectivas, que había roto con el gobierno estatal y condicionaron retomar el diálogo a tres demandas.
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Como resultado, se aceptó la separación del cargo a Capella Ibarra, quien está sujeto a investigación; se relevó del cargo al secretario municipal de Seguridad Pública de Cancún, Eduardo Santamaría y hay varios oficiales sujetos a investigación, que ya han rendido declaraciones ante la Fiscalía Estatal, el fin de semana.
El gobernador ofreció una disculpa pública, además de eximir a las colectivas de disturbios y acciones de desestabilización, además de instruir diversas acciones, como la capacitación de las policías en materia de derechos humanos o uso de la fuerza durante próximas protestas.
Como parte del pliego solicitaron la elaboración de una base de datos que visibilice las diversas violencias y feminicidio a mujeres indígenas; invertir en la contratación y pago de traductores e intérpretes en lengua maya y otras lenguas indígenas, que intervengan en procesos penales y juicios que involucren a toda persona indígena y afromexicana.
Que todos los delitos cometidos contra mujeres y niñas en la entidad, sean investigados con la debida diligencia, con imparcialidad y efectividad, asegurando la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de las personas responsables y que en todos los asesinatos en su agravio, se inicie la carpeta de investigación por el delito de Feminicidio.
Pidieron la creación de un Tribunal Especializado en Violencia contra las Mujeres, y “cero tolerancia” a la violación de derechos humanos y al debido proceso, por parte de servidores públicos, investigación y sanción, inhabilitándolos, así como dar seguimiento a la reparación del daño a las víctimas.
En materia presupuestal, la elaboración de un presupuesto público con perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2021, sin recortes a las instancias que atienden derechos humanos de las mujeres; y asegurar el presupuesto estatal para la operación del PAIMEF, durante los meses en que no haya recursos federales.
La creación de un micrositio donde se concentra información en lenguaje ciudadano, con datos abiertos sobre planeación, programación, presupuesto, ejercicio del gasto y evaluación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluidas las acciones enfocadas en la AVG.
Demandaron la fiscalización del uso y destino de los recursos invertidos en programas de capacitación en materia de género, derechos humanos y protocolos de atención “puesto que no se observan resultados” en los procesos de atención, investigación y sanción de los delitos en agravio de mujeres y niñas.
También, que se esclarezca el destino del presupuesto asignado a las instituciones encargadas de atender la AVG, además de la intervención de la Auditoria Superior del estado para realizar una auditoria financiera a los programas y recursos erogados para el combate de la violencia feminicida, así como la aclaración de los recursos para la creación y operación de los Centros de Justicia en Cancún y Playa del Carmen.
Solicitaron el relevo de quien da seguimiento a la AVG (Mercedes Hernández) y que se nombre a alguien que reúna el perfil para esa posición y posea capacidad de decisión, que tenga una real interlocución con las organizaciones feministas; ello incluye reuniones de trabajo trimestrales y un plan de trabajo, para revisar las acciones correspondientes al tema.
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