Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas recuperó los dos predios correspondientes a las mil 600 hectáreas, por el cual fue acusado el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) los liberó de la medida cautelar de aseguramiento.
Esta noche se informó que el logro fue por las acciones jurídicas emprendidas en 2017 para la recuperación de dichos terrenos propiedad del Estado, ubicados en el municipio de Altamira, y que se encontraban en manos de particulares.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), solicitó al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, la cancelación del gravamen sobre un predio de mil 600 hectáreas propiedad del gobierno del Estado y que fueron vendidas de manera irregular a una empresa particular”, indica un comunicado oficial.
De acuerdo con el oficio número CGII/F3/641/2018, dirigido al director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, la SEIDO solicitó la cancelación del aseguramiento de las dos fincas que tienen más de 644 y 955 hectáreas, cada una.
La PGR mantenía estos terrenos en calidad de asegurados como medida cautelar en una indagatoria de la SIEDO, sin embargo, las acciones que inició el gobierno estatal, permitieron que los terrenos fueran liberados del aseguramiento y ya se encuentran libres de gravamen.
En octubre del 2017 el gobierno del Estado inició el proceso legal de recuperación de los terrenos localizados en el Puerto de Altamira, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, logró que se librara orden de aprehensión en contra de personas implicadas en la averiguación previa penal 14/2017.
Las mil 600 hectáreas habían sido vendidas en 2007 a un particular en 16 millones de pesos .
El ex gobernador tamaulipeco se encuentra preso en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, desde el 6 de octubre del 2017, cuando fue detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación contra Hernández se originó precisamente por la presunta apropiación de un inmueble en el Puerto de Altamira, compuesto de estas mil 600 hectáreas, propiedad que actualmente tiene un valor de mil 584 millones de pesos.
En el comunicado se advierte que, la fiscalía continuará con todas las acciones legales que permitan la recuperación de terrenos u otras propiedades que pertenezcan al patrimonio del Estado y que particulares a través de actos de corrupción, se hayan apropiado de ellas.
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