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Unión Hidalgo.— En el fondo de un callejón, entre árboles está una casita de concreto de siete por ocho metros que no tiene energía eléctrica, piso, puertas ni ventanas. Sólo para eso alcanzaron los 120 mil pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Bansefi, entregó para la reconstrucción.
La vivienda de tres cuartos y un corredor, sin baño, pertenece a Eusebio López Marín y apenas ocupa la mitad de lo que era su casa de arquitectura vernácula que se vino abajo aquella noche del terremoto del 7 de septiembre de 2017.
Por tener una vivienda inconclusa, a Eusebio le corresponde recibir el apoyo del Programa Nacional de Reconstrucción, que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; no obstante, los verificadores no lo visitaron, aunque les pidió que revisaran que —a dos años del terremoto— su casa apenas tiene 60% de avance.
“Aunque vieron que mi casa está a medio construir, me dijeron que lo sentían, que no aparezco en las nuevas listas; así que quedé fuera. Ahora no sé qué pasará, terminar mi casa va a tardar más de lo planeado, hay que trabajar el doble para salir adelante, creo que en esta ocasión [el gobierno] se olvidó de nosotros”, comenta tristemente.
La historia de Eusebio se repite 600 veces en Unión Hidalgo, pues de los mil damnificados cuyas viviendas tuvieron pérdida total en 2017, sólo 400 fueron seleccionadas a principios de septiembre para recibir el nuevo apoyo y así concluir sus casas en este año fiscal 2019.
“Estamos muy preocupados, el avance de las viviendas a dos años es de 50% y el gobierno de la República sólo está apoyando a unos cuantos, de más de mil damnificados con daño total sólo seleccionaron a 400 personas y no sabemos bajo qué criterios hicieron la selección ni quién la realizó”, dice Nobel López Arenas, integrante de la Coordinadora General de Damnificados del Istmo.
Agrega que apenas entre finales de agosto y principios de septiembre comenzaron con la verificación de esas viviendas y lo hicieron con mucha discreción para que la gente no protestara. “Ahora qué va a pasar con el resto de los que tienen daño total y no entraron en la nueva lista”, cuestiona.
De acuerdo con el coordinador de la Subdelegación Regional de los Centros Integradores de Desarrollo, José Luis Jiménez Castillo, la falta de personal y el apego al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 son las razones por las que no se han logrado cubrir al 100% las verificaciones a los damnificados con daño total que están dentro del Programa Nacional de Reconstrucción en 19 municipios del Istmo.
“Los servidores de la nación están realizando un trabajo de acompañamiento en 19 municipios del centro, oriente y norte del Istmo. Son 27 servidores, desde un principio se tenía planificado trabajar sólo con 60% de los censados, pero eso no quiere decir que el restante se quede fuera; se levantan los reportes de los casos y se dará seguimiento por parte de los verificadores técnicos después”, explica el funcionario.
En esos 19 municipios que llevan visitados ya son 7 mil las viviendas verificadas, se espera que cuando el presupuesto federal aumente, continuarán con el resto de las verificaciones de casas con daño total.
Son más de mil. A esos 600 damnificados, en Unión Hidalgo se suman otros 500 que no recibieron un folio en el censo y, por tanto, ningún apoyo desde 2017, incluidos a quienes se les clasificó su vivienda erróneamente como daño parcial a pesar de que tienen pérdida total.
Además, después de dos años y por las últimas gestiones de la nueva administración local, fue incluido en el programa de reconstrucción el palacio municipal con más de un siglo de existencia, por un monto de 2.2 millones de pesos para una primera etapa, aunque, según dictámenes, se requieren 15 millones para ponerlo de pie.
