Zamora.— El ayuntamiento de Zamora, Michoacán, ha reclutado a policías con antecedentes penales, acusados de tortura y desaparición forzada; algunos fueron despedidos en otros municipios por dar positivo en exámenes toxicológicos o han sido señalados por su presunta relación con algún grupo del crimen organizado.
Destapan la cloaca
El pasado 3 de febrero, una pareja —de la cual se conservará el anonimato— salió de su domicilio, en la colonia El Carmen, de la ciudad de Zamora.
En la denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de las víctimas señaló que llegaron seis camionetas de la Policía Municipal y los elementos los encañonaron y los obligaron a subir a una de las patrullas para llevarlos a un lugar “por Altamira”
“Nos metieron, me comenzaron a preguntar que con quién trabajaba, a lo que yo les decía que era chofer, que llevo personas a trabajar al campo”, expuso la víctima.
Señaló que uno de los policías le pasó un teléfono celular y presuntamente estaba en la línea “el patrón”, quien le propuso trabajar para él, “ya que él era el mero chido”.
La víctima dijo que se negó, por lo que lo torturaron con una bolsa de plástico en la cabeza, además de que le colocaron una toalla en el cuerpo para golpearlo.
Relató que al amanecer del día siguiente dejaron ir a su pareja, pero a él lo trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Zamora. Lo soltaron varias horas después, sin sus pertenencias y con un par de tenis viejos.
“Me dijeron que si ponía una denuncia, ellos [los policías] tenían un video donde yo decía que trabajaba para un cártel [de la droga] y lo iban a publicar para que me mataran”, expuso la víctima en su narración de los hechos.
Autoridades están al tanto
Este caso fue conocido por integrantes del Cabildo y funcionarios del ayuntamiento de Zamora —que encabeza el presidente municipal Carlos Alberto Soto Delgado, del PAN—, quienes explicaron que elementos de la Policía Municipal han cometido abusos, delitos y presuntamente están ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las fuentes consultadas denunciaron que desde hace dos administraciones, el ayuntamiento ha contratado como policías a sujetos con órdenes de aprehensión o con vínculos criminales.
Afirmaron que dichos elementos son dados de alta en la corporación policial por órdenes del secretario del ayuntamiento, Felipe Umaña Melo.
Uno de esos elementos es César Águila Martínez, quien estaría vinculado con los hechos contra la pareja agredida.
Documentos en poder de EL UNIVERSAL evidencian que Águila Martínez fue dado de baja como policía del municipio de Jalostotitlán, Jalisco, en 2020, junto con otros seis elementos, por dar positivo en los exámenes toxicológicos y abusos contra ciudadanos.
Fuentes del ayuntamiento de Zamora indicaron que el Cabildo estaba enterado de los antecedentes de Águila Martínez, pero aun así fue impuesto. Incluso, detallaron, el elemento asume tareas —de facto—, como si fuera el subdirector de la Policía Municipal.
Fuentes federales de seguridad agregaron que César Águila Martínez figura en investigaciones por presuntos vínculos con grupos criminales.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a un documento de fecha reciente, en el que el exdirector de Seguridad Pública Municipal, Fernando Fernández Vargas, solicita a las autoridades militares y civiles permitir la movilidad de Águila Martínez en territorio de Michoacán y Jalisco.
Los informes federales relacionan a ese personaje con el grupo criminal del CJNG, que encabeza Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 08, uno de los principales operadores de esa organización, con base en Ocotlán, Jalisco.
A decir de las áreas de inteligencia, El 08 es quien impuso al grupo de policías que operaban en Jalostotitlán, Jalisco, entre ellos, César Águila, como elemento en activo.
Otro de los casos es el de Dulce María Olivares Barrera, dada de alta el 16 de noviembre de 2018, con Clave Única de Identificación Policial (CUIP) OIBD900731MO95028894.
Contra ella había una orden de aprehensión por homicidio, asociación delictuosa y delincuencia organizada desde 2013, por hechos ocurridos en Manzanillo, Colima.
Fue contratada por la administración Martín Samaguey (Morena), y sostenida en su puesto por la actual administración panista de Carlos Soto. El 12 de agosto de 2023, la Fiscalía de Justicia de Michoacán informó sobre su captura.
Las autoridades federales también obtuvieron información de que tanto Dulce María Olivares Barrera como César Águila Martínez y otros elementos, presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de seis jóvenes, lo cual ocurrió también en Zamora.
Se trata de cinco hombres y una mujer, jóvenes, privados de la libertad el 4 de agosto de 2023, afuera de la terminal de autobuses de Zamora, a manos de elementos policiales.
Testigos refieren que ese día, cerca de las 13:40 horas, un comandante de la policía local de apellido Cataño reportó la detención de seis personas a bordo de una camioneta.
Los seis fueron trasladados a la cárcel preventiva (barandilla) en otro vehículo conducido por un elemento de nombre Daniel Bravo Vélez, ya que la patrulla de Cataño presentaba fallas mecánicas, se informó a la central de comunicación.
Los testigos relatan que el oficial dio parte al subdirector administrativo, Rodolfo Martínez Méndez, quien le dijo que él se haría cargo del asunto.
A su vez, Martínez Méndez informó al hasta hace unas semana director de la corporación, Fernando Fernández, quien dio la indicación que los sacaran de barandilla.
Fernández Vargas envió a su comandante operativo, César Águila Martínez, para que los llevaran al gimnasio del complejo policial, donde golpearon a los jóvenes.
Los testigos relataron que los jóvenes fueron torturados hasta las 18:00 horas, cuando fueron sacados de ese lugar por un acceso a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, por donde también sustrajeron la camioneta de las víctimas.
Desde entonces han pasado seis meses y nada se sabe de los seis jóvenes privados de su libertad, torturados y desaparecidos a manos de esa corporación de seguridad.
La fiscalía detuvo el 19 de septiembre pasado a tres oficiales que cuidaban el área de barandilla, pero no a los policías y mandos responsables del hecho criminal, advierten familiares de las víctimas.
