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Tuxtla Gutierrez.- Mujeres recluidas en el Centro Penitenciario de San Cristóbal de las Casas interpusieron un amparo en contra de la suspensión de labores del poder Judicial de Chiapas, a partir del 18 de marzo por la pandemia de Covid-19 , las cuales retrasan sus procesos legales.
Las diez reclusas sujetas por diferentes delitos dijeron que no saben cuándo les establecerán fecha para las audiencias de sus casos. “Esto es violencia institucional, de género y se nos niega acceder a la justicia”, argumentaron en el juicio de amparo.
Las solicitantes agregaron que son madres y "principales cuidadoras" de niñas y niños menores de 12 años, recluidas en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas.
Manifestaron su desconcierto porque los juzgados federales están trabajando mientras que "los juzgados que tramitan nuestros casos, que son estatales, siguen cerrados y nosotras seguimos en la incertidumbre”.
Expusieron que el pasado 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la declaración 1/2020 en el contexto de la pandemia global e instó que los gobiernos, durante la adopción de medidas, se ciñan al Estado de derecho con respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese tribunal.
En cambio, aseveraron, las medidas asumidas por la Subsecretaria de Seguridad Pública encargada de la administración de los penales se han limitado a prohibirles las visitas a las mujeres, además no cubren las necesidades básicas de las reclusas.
Esta situación las priva del acceso a recursos como alimentos, materiales de limpieza, medicamentos y dinero para llamadas telefónicas a sus familiares a quienes no ven por la pandemia.
Afirmaron que tampoco pueden vender sus trabajos artesanales; las medidas tomadas por la emergencia sanitarias exacerban la vulneración de derechos humanos de las mujeres y contravienen la normatividad nacional e internacional. en contracorriente de lo declarado por la Corte Interamericana.
Puntualizaron que la decisión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas de prolongar la suspensión de labores son innecesarias y desproporcional en contra de personas vulnerables, como son las mujeres privadas de libertad que, además, son en gran parte marginadas de pueblos originarios.
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