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Cancún.— Una treintena de empresas del sector turístico, así como de organizaciones civiles en materia de seguridad, se pronunciaron en contra de las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales que reducen a la mitad la zona federal marítimo terrestre para ampliar 10 metros las playas marítimas, lo que impacta negativamente a 165 municipios costeros en 17 entidades.
Las empresas solicitaron a la Cámara de Diputados legislar bajo parlamento abierto para escuchar a especialistas, científicos, autoridades e iniciativa privada.
En un desplegado publicado en periódicos impresos en Quintana Roo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), la Coparmex y organizaciones como Cancún Observa o México SOS, entre otros, reclamaron al senador quintanarroense, José Luis Pech Várguez, el haber impulsado la iniciativa, sin mediar consulta alguna.
El 29 de abril, por mayoría de votos, el Senado aprobó el dictamen que propone reformar los artículos 7 y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales para efectos de reducir la zona federal marítimo terrestre de 20 a 10 metros, a fin de ampliar la superficie de la playa marítima 10 metros más y que sea transitable libremente, lo que para Pech Várguez se traduce en “decir adiós a la privatización de playas”.
“Lo que no se ha dado cuenta, por no conocer el problema de fondo, es de que las playas —en el caso de Quintana Roo— han sido tomadas por la delincuencia y el comercio informal, quienes son los que limitan y usufructúan con esa denominada restricción de la libertad del disfrute de esas zonas”, cuestionaron.
Desde hace más de una década, en playas de Quintana Roo, en especial en destinos como Cancún, el crimen organizado se ha ido apoderado de espacios de playa no concesionados para colocar sombrillas y camastros en renta, motos acuáticas u otras actividades recreativas.
A ello se suma la ilegal actuación de algunos hoteles o clubes de playa que acordonan lo que asumen como “su playa” e impiden o dificultan el libre tránsito y disfrute para cualquier persona.
Ambas situaciones dieron pie a un operativo realizado el 7 de abril en Playa Gaviota Azul, mediante el cual las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Fiscalía General del estado y policías locales desmontaron mobiliario que invadía ilegalmente la zona federal marítimo terrestre concesionada a particulares y retiraron el acordonamiento montado por el club de playa del Mandala que impedía el libre tránsito.
Los empresarios y organizaciones civiles y de seguridad celebraron el operativo, como una primera acción contundente, tendiente a reponer el orden en las playas de este destino.
A casi un mes de aquello, en el desplegado antes citado, reclamaron que la iniciativa de Pech Várguez, que se tradujo en un dictamen aprobado en el Senado, no se tomó en cuenta que al reducir a la mitad la zona federal marítimo terrestre, disminuirá a la mitad la recaudación por el uso, goce y aprovechamiento de esa faja de 20 metros.
