Más Información
Organizaciones indígenas, civiles y académicos en la Península de Yucatán, se pronunciaron hoy en contra del megaproyecto del Tren Maya y expresaron su rechazo a la pretendida Consulta Indígena organizada por el gobierno mexicano, al considerar que incumple el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Convocadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI), región Peninsular, diversas agrupaciones se reunieron en la localidad de Nuevo San Antonio Ebulá, Campeche, para participar en el Encuentro en Defensa de la Vida y del Territorio, en donde acordaron articularse para la ejecución de diversas acciones que frenen el megaproyecto.
"Declaramos nuestro total rechazo a la construcción del denominado Tren Maya, megaproyecto territorial de la 4T, como modelo de desarrollo económico en la Península de Yucatán.
"Rechazamos la consulta que se pretende impulsar desde el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los días 14 y 15 próximo, que justifica la construcción de este proyecto de muerte, pues creemos que no cumple con los requisitos necesarios para considerarse una Consulta Indígena", indicó Geno López, de Calakmul, al dar lectura a los acuerdos.
Sara López, del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (Cripx), enumeró las violaciones cometidas en agravio de los pueblos originarios, durante el proceso de Consulta, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre.
En concordancia con la postura grupal, dijo que la Consulta Indígena no ha sido previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como lo marca el 169 de la OIT.
Subrayó que la información que el gobierno ha transmitido, principalmente a comisarios ejidales, más no a las comunidades, es incompleta y sesgada, ya que solo se enlistan los supuestos beneficios del proyecto, sin mencionar los perjuicios.
"No hay verdadera información y es incompleta. En las comunidades no hay información. Solo nos hablan de lo bueno, pero no dan más elementos que nos permitan analizar y tomar decisiones", sostuvo, al manifestar que el tiempo que dieron para el proceso de Consulta "es muy corto".
Indicó que la elaboración del Protocolo para llevar a cabo la Consulta Indígena y el ejercicio participativo, fue impuesto por el gobierno, pese a que las comunidades debieron participar en su diseño.
Lizzy Peralta, abogada del Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), fue más allá al señalar que incluso, habría que haber deliberado sobre el derecho a cómo ser consultados y si deseaban formar parte de una consulta, cuyo proceso también responde a la visión del Gobierno y no de las comunidades, lo que va en contra de la libre determinación de los Pueblos.
Lamentó que la convocatoria para las asambleas informativas del 29 y 30 de noviembre fuese principalmente a autoridades agrarias, ámbito que consideró que se encuentra "contaminado y corrompido", en lugar de llevar la Consulta a cada comunidad.
Juan Manuel Sandoval, profesor de investigación científica del INAH, subrayó la preocupación del personal sindicalizado del instituto, debido a que la región por donde se ha trazado la ruta del Tren Maya, está plagada de vestigios arqueológicos no registrados, pero existentes.
El investigador señaló que no basta que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como encargado del proyecto, proponga el salvamento de esos sitios.
Para la veintena de organizaciones y ciudadanos, la consulta y su ejercicio participativo pretenden reducir las múltiples problemáticas ambientales, sociales, culturales y económicas "a un simple sí o no", con la finalidad de llevar a cabo un proyecto que, en su opinión, atenta contra la vida de los pueblos mayas.
"Exigimos que se haga valer nuestro derecho a la autonomía y auto determinacion, consagrados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de los que México forma parte.
"Creemos que estos megaproyectos sólo intensifican el despojo de tierras, la venta de zonas arqueológicas, la explotación y esclavizacion de los Pueblos mayas que siempre han sido vistos como objetos de valor para atraer al turismo", amplió, Sara López.
Entre las organizaciones que acordaron articularse para actuar desde el ámbito informativo y jurídico, se encuentran el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), investigadores del Ecosur, del Conacyt y afiliados al sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
También se sumaron la organización Ka'kuxtal Much Meyah, el Partido Comunista de México (PCM), región Yucatán; Resistencia Civil, el colectivo Rebelde, el Frente Penínsular por la Vida, Las Anónimas, la Red de Resistencias y Rebeldia Ho; el colectivo Disyuntivas, el Consejo Latinoamericano de Ciencia Sociales (CLACSO), el Frente Peninsular por la Vida y la Selva (FPVS).
