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Cancún.- Una treintena de empresas del sector turístico y organizaciones civiles en materia de seguridad se pronunciaron en contra de las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales que reducen a la mitad la zona federal marítimo terrestre para ampliar 10 metros las playas marítimas, lo que impacta negativamente a 165 municipios costeros en 17 entidades de México y solicitó a la Cámara de Diputados legislar bajo parlamento abierto para escuchar a especialistas, científicos, autoridades e iniciativa privada.
En un desplegado publicado en periódicos impresos en Quintana Roo, el Consejo Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), la Coparmex, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Asociados Náuticos, la Canadevi, la Barra de Abogados, organizaciones como Cancún Observa o México SOS, entre otros, reclamaron al senador quintanarroense, José Luis Pech Várguez, el haber impulsado la iniciativa, sin mediar consulta alguna.
El 29 de abril pasado, por mayoría de votos, el Senado de la República aprobó el dictamen que propone reformar los artículos 7 y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para efectos de reducir la zona federal marítimo terrestre de 20 a 10 metros, con la finalidad de ampliar la superficie de la playa marítima 10 metros más y que sea transitable libremente y sin reservas, lo que para Pech Várguez se traduce en “decir adiós a la privatización de playas”.
“Lo que no se ha dado cuenta usted, por no conocer el problema de fondo, es de que las playas -en el caso de Quintana Roo- han sido tomadas por la delincuencia y el comercio informal, quienes son los que limitan y usufructúan con esa denominada restricción de la libertad del disfrute de las playas”, cuestionaron.
Ocurre que, desde más de una década, en playas de Quintana Roo , especialmente en destinos como Cancún, el crimen organizado se ha ido apoderado de espacios de playa no concesionados para colocar sombrillas y camastros en renta, camas de masaje, motos acuáticas u otras actividades recreativas e incluso a usurpado el propio espacio de las concesiones formales.
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A ello se suma la ilegal actuación de algunos hoteles o clubes de playa que acordonan lo que asumen como “su playa” e impiden o dificultan el libre tránsito y disfrute para cualquier persona, en algunos puntos específicos de las playas.
Ambas situaciones dieron pie a un espectacular operativo realizado el siete de abril en Playa Gaviota Azul, mediante el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Fiscalía General del estado y policías locales, desmontaron mobiliario que obstaculizaba e invadía ilegalmente la zona federal marítimo terrestre concesionada a particulares y retiraron el acordonamiento montado por el club de playa del Mandala, que impedía el libre tránsito.
Los empresarios y organizaciones civiles y de seguridad celebraron el operativo como una primera acción contundente, tendiente a reponer el orden en las playas de este destino.
A casi un mes de aquello, en el desplegado antes citado, reclamaron que la iniciativa de Pech, que se tradujo en un dictamen aprobado en el senado, no se tomó en cuenta que al reducir a la mitad la zona federal marítimo terrestre, disminuirá a la mitad la recaudación por el uso, goce y aprovechamiento de esa faja de 20 metros.
Esto impactará negativamente la recaudación de los municipios y la obtención de los recursos que financian la vigilancia, inspección, limpieza, conservación y protección de las playas.
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“Tampoco sabe Senador Pech, que los concesionarios son quienes realizan la vigilancia y mantenimiento de las playas, las que aún cuando son un bien nacional. el gobierno federal no destina ningún recurso para la realización de estas tareas y con esto aún se va a agravar más. ¿Conoce usted qué recursos destina la Semarnat y la Profepa para esto? Seguramente no”, reprocharon.
La semana pasada, en el pleno del Senado, el legislador federal admitió que, al menos en lo que están vigentes las concesiones actuales no habrá impactos financieros para los municipios, porque debido a que la ley no es retroactiva, hay un transitorio que establece que la reducción de la zona federal les aplicará hasta que tengan que renovar sus concesiones.
Cálculos de la organización México Legal, los primeros impactos financieros se resentirán a través de las concesiones por ornato, cuya vigencia es apenas de 5 años; mientras que, en las otras, se dejarán sentir en unos 10 o 12 años, cuando los recursos en pleno disminuyan a la mitad, de forma uniforme.
Las cámaras empresariales y organizaciones civiles afirmaron que la iniciativa de Pech, que se vendió como un tema de “justicia social”, busca generar simpatía, sin considerar los problemas financieros a los municipios, que las playas seguirán a merced de la delincuencia y que se provocará mayor incertidumbre legal a los concesionarios, entre los cuales se preparan ya amparos para contrarrestar las reformas aprobadas, hasta el momento, en el Senado.
“Señores diputados del Congreso de la Unión, les pedimos que escuchen a todas las voces y se reconsidere lo que a nuestro juicio es un error”, concluyeron.
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