Cancún, Q. Roo.- Además de oponerse a la desaparición de fideicomisos públicos en México, los 34 organismos y asociaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe (CCEC), en Quintana Roo, afirmaron que el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo presentado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es “insuficiente” e “inviable” para garantizar el manejo adecuado de la crisis generada por el coronavirus COVID-19 .
Mediante un posicionamiento conjunto el bloque empresarial exigió a López Obrador, poner un alto al envío de mensajes que dividen a México, en un momento en que es urgente unir esfuerzos para sacar adelante a las millones de familias que habitan el país y responsabilizó a su gobierno del cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) , ante la carencia de una estrategia realista, eficiente e incluyente.
“El Plan presentado por parte del presidente de la República no es sostenible, ni siquiera a corto plazo. No estamos de acuerdo en que disponga del dinero de los fideicomisos que fueron creados precisamente para evitar ‘dedazos’ y asignaciones directas.
“Su plan, en muchos sentidos, viola todo por lo que este país ha trabajado durante mucho tiempo; las cosas buenas que se lograron habría que mantenerlas, no extinguirlas para buscar un modelo paternalista por parte del Estado, el cual volvemos a insistir, no es viable”, se indicó en un comunicado.
El CCEC expuso que en el país, las microempresas -de 1 a 10 empleados- representan el 95.4% del total de las empresas de México; éstas, en conjunto con las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) representan el 52% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) y el 72% de los empleos formales.
“Estamos viviendo un hecho histórico y necesitamos medidas históricas, ya que, si se extinguen las fuentes de empleo, la gente que actualmente no está laborando no tendrá un puesto al cual regresar.
“Nos extraña la poca inclusión del sector privado en las medidas de reactivación económica por parte del gobierno federal, al cual responsabilizamos porque su falta de acción derivará en el cierre de pequeñas y medianas empresas”, advirtió.
En el comunicado se recuerda que los organismos empresariales han solicitado reiterada y urgentemente, la aplicación de medidas de salubridad, de estímulos fiscales y apoyos a las correspondientes autoridades de los tres órdenes de gobierno, “porque son necesarias para poder salir de esta crisis mundial” -y se advierte- “sin ellos no nos podemos comprometer a conservar los empleos, no porque no queramos sino porque no podemos”.
Entre los organismos que respaldaron la postura del CCEC, figuran la Asociación de Proveedores de Quintana Roo (APQ), la Asociación de Clubes Vacacionales del estado (Acluvaq), la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi), Asociados Náuticos, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); y la Barra de Abogados.
También la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR); la Asociación de Amigos de Sian Ka’an (ASK), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur).
Además, la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (Afeet) y la asociación de inversionistas españoles en México (Inverotel), entre otras.
A nivel local, la crisis económica en la entidad se adelantó a la crisis de salud. Más de tres millones de vacacionistas han cancelado su arribo a la entidad, lo que ha provocado el cierre de un promedio de 400 hoteles en Cancún, Puerto Morelos, Isla mujeres y Riviera Maya, lo que equivale a la parálisis de más de 76 mil habitaciones, de poco más de 100 mil.
Tan sólo en Cancún, más del 95 por ciento de los restaurantes “bajaron cortina”; en Riviera Maya, suspendieron operaciones más de siete parques temáticos y en Cozumel cancelaron su arribo siete navieras.
Además de haberse perdido la ganancia de la Semana Santa, que inició ya, la parálisis del sector ha llevado a la calle a miles de personas que fueron despedidas u obligadas a renunciar.
Otras, descansan sin goce de sueldo y no se ha respetado el decreto de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor que ordenó la suspensión de actividades no escenciales en los sectores público, privado y social que obliga al pago de salarios al 100% prohibiendo los despidos.
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