Juchitán.—Habitantes de Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y de Puente Madera, en San Blas Atempa, se manifestaron contra la consulta indígena que se realizó en estas poblaciones para aprobar la instalación de los parques industriales que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En un comunicado firmado por la Asamblea Permanente de Puente Madera, habitantes en resistencia de Santa María Mixtequilla y de Ciudad Ixtepec, como parte de la campaña global El Istmo es Nuestro, denunciaron la imposición de los parques, llamados polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) por el gobierno federal, mediante una serie de eventos relacionados con la simulación de procesos de consulta libre, previa e informada en las tres comunidades.

Recordaron que en Santa María Mixtequilla, el pasado 16 de mayo de 2021 se llevó a cabo una asamblea de consulta de los Podebis, en la que menos de 500 personas decidieron por los 4 mil habitantes de la comunidad, sin responder por el impacto ambiental y social, el uso y extracción del agua, así como la aclaración sobre la concesión minera otorgada por 50 años a la empresa Minera Zalamera S.A de C.V., en territorio comunal.

Señalaron que la misma situación sucedió en Ciudad Ixtepec a través de una consulta rápida celebrada el 15 de mayo pasado, a la cual asistieron unas 350 personas de la comunidad y 17 representantes de autoridades municipales, comunales, federales y estatales.

En esta población con más de 26 mil habitantes, el procedimiento inició el 2 de mayo, en una reunión informativa y en 15 días deliberaron a favor del proyecto.

“Por ello, denunciamos la actuación de los representantes del gobierno federal por su discurso fincado en las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, con la intención de persuadir sobre la forma y toma de decisiones de los participantes”, argumentaron en el comunicado.

Los firmantes calificaron las consultas realizadas en estas tres comunidades del Istmo como simulaciones y las rechazaron por haber omitido todos los mecanismos que se requieren para llevar a cabo una consulta libre e informada.

Las consultas, afirmaron los opositores, han sido realizadas por el Estado como un mero proceso informativo, en donde las autoridades municipales, estatales y federales expusieron a los pueblos indígenas a decisiones previamente adoptadas, en las que las comunidades no participan realmente.

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