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El gobierno de Michoacán aseguró que la medida que propuso para el cobro de servicios en la Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE), recién aprobada por la mayoría de los diputados locales en la ley de ingresos, no es discriminatoria o específica para las mujeres violentadas.
El pasado jueves, el Congreso de Michoacán aprobó en el presupuesto de egresos para 2018, que dentro de los servicios que presta la PGJE se cobren los estudios para que las mujeres puedan comprobar que fueron violentadas, los cuales tienen un costo de 472 pesos cada uno y son tres los requeridos.
Ayer, mediante un comunicado, la Procuraduría estatal argumentó que los costos que contempla la Ley de Ingresos son para certificaciones solicitadas por particulares o autoridades ajenas a una investigación, por derechos de servicios y señaló que ésto se estipula en la Ley Orgánica de la dependencia.
En el documento, la Procuraduría insistió que toda certificación que se lleve a cabo con motivo de investigación y persecución del delito es y será totalmente gratuita conforme a lo establecido en el ordenamiento legal de la PGJE.
Sin embargo, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 aprobado por los diputados locales, se omitió lo referido en la Ley Orgánica de la Procuraduría.
La Procuraduría estatal insistió que el cobro de los servicios estipulados en la Ley de Ingresos se realizarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.
Por ello rechazó los señalamientos de la legisladora Brenda Fraga Gutiérrez, quien advirtió que ante delitos de violencia cometidos en agravio de mujeres deberán de hacer el pago por cada uno de los tres certificados requeridos para darle continuidad a la denuncia penal.
EL UNIVERSAL buscó a las diputadas locales integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos Andrea Villanueva del PAN y a Nalleli Pedraza de la bancada del PRD para conocer por qué votaron a favor del cobro de estos servicios, pero no respondieron.
Gerardo Herrera Pérez, coordinador de Estudios Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, lamentó la omisión de los diputados y señaló que cobrar en este tipo de servicios inhibe la posibilidad de que las víctimas denuncien.
Echan abajo cobro en escuelas públicas. Los diputados del PRI, Morena y PT del Congreso de Michoacán echaron abajo el artículo 26 de la ley de ingresos de 2018,la cual refería que a propuesta del Poder Ejecutivo y aprobado en comisiones, pretendía el cobro de productos y servicios en las escuelas públicas de la entidad.
La coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Adriana Hernández, celebró que la medida no pasara y que se sumaran varias fuerzas políticas diferentes para echar abajo el dictamen.
Por su parte, el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo, quien recientemente renunció al PRD, abundó que era innecesario este cobro que se planteaba en el trámite de certificados, así como por exámenes en nivel básico y medio superior.
Puebla Arévalo dijo que este tema lo había platicado con diputados de diferentes grupos parlamentarios para lograr un consenso y suprimir el articulo 26 a fin de salvaguardar el principio de la gratuidad en la educación de Michoacán.
