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San Raymundo Jalpan.- El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez , rechazó dar información sobre los avances en las investigaciones del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín , durante su comparecencia ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 64 Legislatura del Congreso estatal, misma que fue aprobada luego de que el 24 de noviembre pasado la periodista Soledad Jarquín acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a exigir justicia para su hija.
Entre sus argumentos, el fiscal dijo que está prohibido dar información sobre casos que están siendo investigados según el principio de reserva plasmado en la Constitución, porque perjudica el proceso de investigación, porque puede ocasionar daños a las víctimas, a sus núcleos familiares, a ministerios públicos y peritos, entre otros, y porque se perjudica el debido proceso, el principio de presunción de inocencia y la protección de datos personales.
El funcionario agregó que atendió a la convocatoria para comparecer por respeto a las instituciones y al Congreso del Estado; y porque aseguró que ha realizado su trabajo de manera profesional, con honestidad y resultados. “Puedo mirar a la cara a cualquiera y defender mi trabajo, y la de todos los que trabajan en la Fiscalía General del Estado”, señaló.
“Pido a los diputados que no permitan que unos pocos entorpezcan el proceso de fortalecimiento de la institución, que se pongan líneas o intereses políticos y criminales. La procuración de justicia debe estar fuera de la pugna de partidos. No lastimar con intereses personales o de grupo”, puntualizó.
Rubén Vasconcelos afirmó que está trabajando fuertemente contra la impunidad y que se ha avanzado en la resolución de casos de feminicidio y homicidios de mujeres. De los feminicidios ocurridos en 2020, mencionó, se han resuelto el 75%, y 70% de las violaciones sexuales.
“Si la preocupación de los diputados es que las investigaciones avancen, esto no se logra violando la ley. Les propongo fortalecer la asesoría jurídica a las víctimas, porque no hay muchos asesores jurídicos. Esto se puede resolver desde aquí con recursos públicos”, sostuvo.
También propuso a los legisladores incluirlos en el grupo de seguimientos de caso de la Fiscalía General del Estado y que se cree un auténtico sistema de protección de datos.
En su intervención, Soledad Jarquín Edgar, periodista y madre de María del Sol Cruz Jarquín, afirmó no tener ningún interés político en su exigencia de justicia para su hija, como acusó el fiscal Rubén Vasconcelos en la comparecencia; y aseguró que ha perdido la confianza en el fiscal.
“Aquel día, el fiscal de Oaxaca prometió cumplir con su trabajo, vía telefónica me pidió que no incinerara el cuerpo de mi hija, como inicialmente pensamos en la familia, porque él mismo –dijo- me entregaría a sus asesinos y su cuerpo era evidencia. Mucho se ha roto de la confianza con el fiscal aquí presente. No sólo ha cuestionado mi demanda, sino también a las personas que me han acompañado en la búsqueda de justicia para María del Sol, y con ello la justicia para las otras víctimas de aquel 2 de junio: Pamela Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra”.
La periodista explicó que en febrero de 2020, en la última reunión que tuvo con el fiscal, le pidió que hablaran en privado sobre un asunto que estaba pasando y que no parecía correcto. Días más tarde, la persona de la que le había planteado el problema la llamó por teléfono para preguntarle del asunto. Y supo entonces que no podía confiar en el fiscal Rubén Vasconcelos.
Soledad Jarquín detalló que en estos 925 días – desde que ocurrió el triple asesinato el 2 de junio de 2018 a la fecha –, la Fiscalía de Oaxaca ha conformado un expediente criminal de casi 900 páginas, pero no tiene hasta hoy una sola línea de investigación concreta o no las ha querido fijar, porque no ha seguido ni lo evidente ni lo que ha surgido en algunas de las entrevistas realizadas para la “investigación” que dicen llevan a cabo.
De los dos detenidos, uno no fue vinculado a proceso porque, de acuerdo con el Tribunal de Justicia del Estado, la investigación no se realizó de manera correcta; sólo una fue vinculada a proceso hace poco más de 18 meses.
Hasta febrero de 2020 se realizó la primera audiencia intermedia, hoy suman tres audiencias suspendidas, dos por fallas técnicas del Ministerio Público.
Las audiencias se han suspendido porque no se había hecho el descubrimiento de pruebas a la defensa del inculpado, algo que no debía suceder; porque el juez se dio cuenta que las víctimas indirectas no tenían asignado por parte del Ministerio Público un asesor jurídico, y la tercera causa fue por la pandemia y la última, el pasado lunes, porque el asesor jurídico de las otras víctimas indirectas (nombrado en marzo pasado), anunció que no podía estar en la audiencia con sólo cuatro días de antelación. De ahí que el 12 de diciembre se nombrara a un nuevo asesor jurídico que pidió tiempo por no conocer del proceso.
“Como ustedes verán, nada o casi nada se ha avanzado, lo que sí existen son tropiezos, obstáculos que impiden un lugar de llegada. Como verán es como si se escribiera en ese expediente una página por día transcurrido, sin nada concreto”.
Sumadas a estas deficiencias, denunció que el fiscal omitió que no reconoce el asesinato violento como feminicidio, pese a lo que se establece en diversas normativas internacionales como la Ley Nacional para a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, eso por si la normativa estatal no le diera suficientes elementos.
De la misma forma, acusó a Rubén Vasconcelos de desvincular un hecho fundamental en el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz: el contexto político-electoral en que sucedió y los delitos electorales que se cometieron por parte de quien era funcionario del gobierno estatal (Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas) y su hermano (Hageo Montero López), hoy regidor en Juchitán de Zaragoza.
“De ese tamaño es la protección y la impunidad en Oaxaca. Donde la fiscalía en lugar de castigar a los delincuentes electorales castiga a una madre al no permitir ser parte de ese proceso. Y que, como ya se dijo, está entrampado. ¿Sabían ustedes que en este país no hay una sola persona en la cárcel por cometer delitos electorales? Eso a pesar de que a mi hija le costó la vida”.
Soledad Jarquín también denunció que sigue sin castigo, pese a estar identificada a plenitud, la persona que se robó el equipo de trabajo de mi hija, por cierto, otro ex funcionario de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas. Y que por, si fuera poco, “como víctima indirecta la fiscalía me ha negado el derecho a estar plenamente informada del caso al no notificarme de las acciones emprendidas”.
De acuerdo con la periodista, en estos tres procesos o investigaciones, lo que sí se ve es la “protección despótica del poder político de Oaxaca y evidencia que la autonomía de la Fiscalía es una falacia”.
Durante la comparecencia, el fiscal Rubén Vasconcelos fue cuestionado por las diputadas Elisa Zepeda y Magaly Domínguez, presidenta e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado.
La primera le cuestionó el por qué la Fiscalía no inició la investigación como feminicidio conforme a las normas nacionales e internacionales, por qué no tiene como línea de investigación la política-electoral que incluye el que se haya obligado a María del Sol Cruz trabajar en la campaña de Hageo Montero cuando ella trabajaba en la Secretaría de Asuntos Indígenas, por qué no se ha judicializado los delitos electorales de los hermanos Montero López y si ya se resolvieron las deficiencias en la investigación contra uno de los principales autores materiales del crimen y que es sobrino de Francisco Montero, ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas.
Mientras que la segunda diputada le preguntó las razones por las cuales excluyó de su ficha informativa entrega a los diputados miembros de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la resolución del Tribunal de Justicia del Estado, en el que se ha relación a las “pifias” de la Fiscalía General del Estado en la investigación, una de ellas la de no investigar con perspectiva de género. De la misma forma le preguntó por qué no ha “enderezado” esos errores y por qué no se ha iniciado una investigación con los ministerios públicos que actuaron con negligencia y que también lo ordena el tribunal; así como contra la persona que se robó el equipo fotográfico, de video y computadora de María del Sol Cruz.
El fiscal Rubén Vasconcelos únicamente respondió que no, la investigación no se inició como feminicidio porque a la hipótesis o supuesto específico de feminicidio a que se hace referencia aún no estaba en la ley, ni en el código penal; como tampoco lo estaba el de violencia política. Y aseguró que sí se judicializaron los delitos electorales desde el año 2019. Sobre las líneas de investigación, reiteró que no podía hablar pero que sí se toman en cuenta el contexto de las víctimas.
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