Más Información
Comité de Evaluación del Legislativo publica convocatoria para elección judicial 2025; depurarán listas con tómbola
Norma Piña destaca el valor del Poder Judicial ante calumnias “han redoblado esfuerzos con integridad y dignidad”
INE avala presupuesto de 13 mil mdp para elección judicial; organización sigue pausada por suspensiones
Elecciones Estados Unidos 2024; Minuto a Minuto las actividades de Trump y Harris, hoy 4 de noviembre
Juez multa con más de 50 mil pesos a 11 consejeros del INE; desacatan prohibición sobre preparativos de elección judicial
La Paz.- Con la creación del denominado Frente Autónomo de Resistencia Estudiantil (FARE) y el compromiso para atender diversas demandas en busca de mejorar la atención al alumnado, incluyendo la investigación de casos de violencia de género, concluyó el bloqueo a las instalaciones del campus La Paz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
La mañana de este jueves se reiniciaron actividades académicas y administrativas, luego de un bloqueo a los accesos en la jornada del miércoles que surgió frente a la inconformidad por la manera en que se resolvió una denuncia por difamación, acoso y hostigamiento a un estudiante que se quejó de una compañera y las instancias resolvieron que ambos debían ofrecerse disculpas.
El alumnado que se plantó y encaró a las autoridades universitarias están adscritos en su mayoría al Departamento de Humanidades y de Ciencias del Mar; sin embargo, convocaron al resto de la comunidad universitaria y crearon el FARE para darle seguimiento a un pliego petitorio entregado al rector Dante Arturo Salgado y jefes de departamentos.
Para permitir la reanudación de actividades, luego de una suspensión histórica que no se tenía en al menos una década en la UABCS, se acordó el próximo lunes una reunión amplia para instalar una mesa de diálogo y dar seguimiento a las demandas estudiantiles, empezando por la inconformidad sobre el caso de violencia de género.
Y es que el 23 de mayo se conoció de una disculpa pública de una joven estudiante, que frente a un auditorio con compañeros, se retractó por los señalamientos de acoso que presuntamente habría realizado contra un estudiante, quien presentó una queja en su contra ante la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE) y Defensoría Universitaria, instancia que resolvió que ambos tenían responsabilidades y llevó a cabo un proceso de conciliación y de reparación del daño, consistente en la disculpa pública.
Lee también Estalla protesta en la UABCS por obligar a estudiante a ofrecer disculpas a su presunto agresor
UABCS defiende protocolo de atención
La UABCS aseguró que las disculpas fueron “recíprocas” y con base en el protocolo establecido para la atención de estos casos.
La coordinadora de la CIGE, Lorella Castorena Davis, remarcó que esta instancia vigila y defiende los derechos de todas las personas estudiantes y ante medios expuso que los hombres son víctimas también de violencias.
En este caso –insistió- atendieron la primera queja de un estudiante hombre contra una estudiante mujer por amenazas y difamación pública que constituyen violencia de género.
Añadió que detectaron que ambos estudiantes presentan condiciones emocionales y psicológicas “muy terribles” y es deber de la UABCS acompañarlos a ambos.
Estudiantes acusan humillación y revictimización
No obstante, los estudiantes manifestantes sostienen la postura de que se trató de un acto de “humillación”, “coacción” y “abuso de poder” contra la joven estudiante, y acusaron que la institución violentó sus derechos, no resolvió con perspectiva de género y la “revictimizó”.
Entre otras peticiones que abordarán en las mesas de diálogo están temas presupuestales, movilidad y transporte, actualización del reglamento estudiantil, transparencia y rendición de cuentas.
CEDH vigilará caso
Sobre esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un breve comunicado, expuso que se mantendrá “vigilante” de la situación y atenderá a los estudiantes “que consideren hayan sido violentados en sus derechos humanos” y deseen presentar una queja ante el organismo.
Indicó que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, “tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas”.
afcl/rcr