Monterrey.— El gobierno de Nuevo León anunció que promoverá un esquema que permita la operación del servicio de taxis a través de apps, como Uber y Didi, luego de las protestas por los operativos contra estas unidades.
Elementos de la Agencia Estatal del Transporte, con apoyo de policías de Fuerza Civil, realizan detenciones de estos vehículos con el argumento de que operan de manera ilegal porque no cuentan con una concesión otorgada por el estado. En el último mes se aseguraron más de 300 vehículos.
Ante las protestas, la agencia anunció que promoverá ante el Consejo Estatal del Transporte un esquema temporal que permita la operación de los servicios de taxi por aplicaciones y que garanticen seguridad para los usuarios.
El organismo dijo que se dará un plazo de 30 días para que los choferes cuenten con licencia de conducir tipo “E”, y un seguro de responsabilidad civil de chofer APP.
Dentro del mismo plazo, las diferentes empresas, a las cuales están inscritos, deberán entregar una base de datos con el detalle de choferes que circulan por el estado, todo ello, para seguridad de los usuarios y para mejorar las condiciones de competencia, expuso el titular de la dependencia, Noé Chávez Montemayor.
El funcionario señaló que una vez que hayan cumplido los requisitos, los choferes podrán tramitar un permiso por seis meses, con opción a renovarse por un periodo similar, mientras la Ley de Movilidad Sustentable es analizada y aprobada en el Congreso local.
Organizaciones civiles como Únete Pueblo expresaron su molestia por los operativos, ya que, según quejas de algunos afectados, los inspectores de la agencia de Transporte, con apoyo de policías de Fuerza Civil, abordan a los conductores de Uber y Didi para retirar las unidades, al tiempo que se permite que rutas de camiones del transporte urbano cobren “impunemente” 17 pesos, cuando la tarifa autorizada es de 12 pesos.
Por lo anterior, ayer unos 150 choferes de plataformas se concentraron frente al Congreso del estado para protestar por el retiro de sus unidades, y pedir a los diputados que regulen la operación de este servicio dentro de la nueva Ley de Movilidad Sustentable, que está en análisis para su discusión y aprobación.
Pedro Rodríguez, activista y dirigente de la agrupación Ciudadano Empoderado, quien apoyó a los manifestantes, acusó al gobierno estatal de violar los derechos humanos, al despojar a los choferes de la herramienta de trabajo que les permite llevar el sustento a sus familias, y también criticó que el titular de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, facilite policías de Fuerza Civil.
La indignación creció el martes, cuando fue retirada una camioneta propiedad de Mary Chao Villarreal, quien padece osteogénesis imperfecta, lo que le impide caminar y, pese a sus limitaciones, trabaja para Uber.
