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Juchitán.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que 160 mil hectáreas de selvas y bosques, disputadas entre Oaxaca y Chiapas, corresponden a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, en territorio oaxaqueño.
Así, los límites entre ambas entidades son los que acordaron en los años 80 los entonces gobernadores Juan Sabines Gutiérrez y Pedro Vásquez Colmenares.
Durante ese periodo, recuerda el coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, ambos mandatarios crearon una Comisión de Límites que fijó la división territorial en línea recta de sur a norte a partir de Barra de Tonalá hasta el Cerro de los Martínez, acuerdo que ratificó ayer la Suprema Corte.
Una vez conocido el proyecto de sentencia, que favorece al territorio oaxaqueño, el gobernador Alejandro Murat calificó el fallo como “un hito histórico”, tras 54 años de conflictos en la zona oriente del territorio de la nación zoque.
“Este fallo constituye un hito histórico debido a que, 10 años después de presentarse la controversia ante la SCJN y más de 54 años de que el conflicto ha persistido en ambas entidades, con esto se ratificaría que un estimado de 160 mil hectáreas de selvas y bosques disputadas corresponden a las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa”, indicó.
En su sesión de ayer, los ministros de la SCJN dejaron pendiente para discutir, y aprobar en su caso, los efectos de dicha sentencia, para que los mandatarios de ambas entidades acuerden los mecanismos para instrumentar la resolución y la posibilidad de que se realice una consulta entre las poblaciones que viven en la zona limítrofe. Con la ratificación de los límites por parte de la Suprema Corte, explicó García Aguirre, se invalida el decreto 008 del Congreso chiapaneco que creó en noviembre de 2011 el municipio de Belisario Domínguez, que, a juicio de las autoridades de Oaxaca, se localiza en tierras de este estado y, por tanto, dejaría de ser parte de Chiapas.
Varios de los núcleos ejidales que crearon los ganaderos y dueños de aserraderos tanto de Chiapas como de Michoacán desde los años 50 quedaron en tierras oaxaqueñas, como Cal y Mayor, Díaz Ordaz, Canaán y Nueva Jerusalén, que aprovecharon territorios comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa.
La controversia constitucional fue presentada por Oaxaca en noviembre de 2012, por las presiones que en su momento ejercieron las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, beneficiadas con un decreto presidencial de 1967 con casi 600 mil hectáreas en conjunto.
De ese total, Chiapas reclamaba como suyas unas 160 mil hectáreas al argumentar que sus límites correspondían a las modificaciones de 1990 a la Constitución chiapaneca, durante el gobierno de Patrocinio González, quien desconoció el acuerdo suscrito entre Vásquez Colmenares y Sabines Gutiérrez, quienes habían dejado la línea divisoria a partir de Barra de Tonalá hasta el Cerro de los Martínez.
