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Monterrey.- Agrupaciones defensoras de la población indígena y migrante exigieron una investigación imparcial y transparente de la muerte a balazos de dos indígenas de la comunidad Tenek a manos de elementos de Fuerza Civil , pues advirtieron aparentes intentos de manipulación de evidencias para exculpar o atenuar el castigo a los presuntos responsables.
El pasado 26 de septiembre, en una colonia al sur de Monterrey, policías estatales mataron a dos albañiles y lesionaron a otros tres —todos integrantes de la comunidad indígena Tenek, de Aquismón, San Luis Potosí—, que supuestamente se resistieron a una revisión mientras convivían en el interior de una quinta en la que realizaban trabajos de construcción.
Los activistas por los derechos humanos señalaron que el ataque fue producto del clasismo y racismo que padece en la entidad la población indígena migrante y exigieron una disculpa pública del secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, por declarar que estaba “enojado porque un pleito de borrachos terminó en la muerte de dos personas”, mostrando una total falta de sensibilidad para desempeñar el cargo. En el presunto ataque también resultaron lesionadas otras tres personas.
Carmen Farías, en representación de la agrupación Zihuame Mochilla (Mujeres con esperanza) , y Galileo Hernández Reyes, de Procuración y Justicia Étnica, recalcaron que los elementos de Fuerza Civil que ultimaron a balazos por la espalda a Gregorio Santiago Margarito y Claudio Francisco Martínez, actuando en total incumplimiento de los protocolos que se supone que conocen, pues su capacitación cuesta mucho al estado.
A su vez Hernández Reyes expresó preocupación de que los efectivos de Fuerza Civil hayan actuado de esa forma porque pensaron que estaban en un lugar solitario y el uso arbitrario y excesivo de la fuerza no se iba a conocer, por lo que tal vez estén presentándose casos similares que terminan en ejecuciones extrajudiciales en lugares donde no hay testigos.
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Carmen Farías expuso que los familiares de los dos albañiles que murieron acribillados y de los tres heridos, además de exigir justicia con castigo a los culpables y reparación de daños, están solicitando donación de sangre para Venancio Santiago Margarito, guía de turistas certificado en el Sótano de las Golondrinas, en Aquismón, que había llegado a Monterrey hace dos semanas por falta de trabajo en su tierra natal, ya que no hay visitantes debido a la pandemia de Covid-19.
Asimismo, Farías y Hernández señalaron que los familiares están batallando para que se les dé atención en el Hospital Universitario porque carecen de recursos económicos. Demandaron que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se haga cargo de los gastos médicos y los que resulten por la agresión registrada el pasado 26 de septiembre.
Galileo Hernández dijo sospechar que las autoridades manipulan evidencias para proteger a los agresores, pues mientras el lunes afirmaron que un policía había reaccionado en forma indebida y realizó trece disparos, hoy señalaron que fueron dos los que dispararon por la espalda.
El defensor de derechos humanos comentaron que la policía municipal "hace un despliegue alarmante" los fines de semana en la alameda Mariano Escobedo, en el centro de Monterrey, un lugar donde se concentra la población indígena migrante. Reclamaron que "ahí se requiere una policía cercana a la gente, no elementos militarizados que andan robando a los compañeros".
“Hay muchos testimonios y denuncias. Ya queremos que acabe esto porque están ocasionando pérdida de vidas”, dijo Hernández.
Carmen Farías destacó que, detrás de estos incidentes, hay un tema de racismo y de clasismo.
“Lo vemos de manera continua en este y otros hechos. La ciudadanía denuncia revisiones injustificadas por la apariencia, el color de piel y según el lugar donde se encuentren”, dijo.
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El representante de Procuración y Justicia Étnica recordó que el 11 de mayo de 2011, cinco indígenas otomíes, coincidentemente también albañiles, fueron acribillados a balazos, al ser confundidos con miembros del crimen organizado cuando se transportaban en una modesta camioneta al regresar de su trabajo.
En principio, las autoridades estatales informaron a los deudos que un comando de sicarios los confundió con integrantes de un grupo contrario, pero a 40 días del asesinato no les habían permitido acceso al expediente para saber si las balas que los privaron de la vida eran efectivamente de civiles armados o de fuerzas de seguridad.
Al final, los familiares de los otomíes originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro, pidieron a las organizaciones que los apoyaban para exigir justicia, que por favor ya no insistieran en eso, porque habían recibido amenazas de muerte, aunque tal vez ahora sea momento de retomar el caso.
Galileo recalcó que por lo pronto se mantendrán atentos y vigilantes porque este nuevo ataque contra la comunidad indígena migrante no quede impune.
En la rueda de prensa donde se exigió justicia y transparencia sobre la agresión a los cinco indígenas de la comunidad Tenek, estuvieron también Gloria Zapata, en representación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Celestina Francisca Hernández Magdaleno, de la comunidad náhuatl de Veracruz, quien trabaja en la Zihuacalli Casa de las Mujeres Indígenas en Monterrey.
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