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El segundo estado con mayor porcentaje de corrupción para realizar un trámite en México, es Quintana Roo , sólo por debajo de la Ciudad de México y es también el peor calificado después de Oaxaca, en el índice de satisfacción por tiempo y trato con respecto a la atención que reciben quienes inician este trámite.
“En Quintana Roo lo que más duele es abrir una empresa”, indicó Mariana Belló, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) , del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) , al presentar el diagnóstico que nutre la construcción de la Política para prevenir y combatir la Corrupción en la entidad.
Parte del diagnóstico se alimenta de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y fuentes diversas, incluida la Primer Encuesta Digital para medir la “Percepción de la Corrupción en Quintana Roo y sus municipios”.
Esta encuesta arrojó que una de las mayores quejas manifestadas por empresas y emprendedores en el estado, son las grandes cargas administrativas contempladas por un marco regulatorio excesivo que dificultan la tramitación de permisos de todo tipo, pero principalmente para abrir un negocio.
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Lo anterior se traduce en corrupción, fenómeno que escaló del quinto al segundo lugar de 2014 a 2015, como el principal problema que presenta el estado y cuyas principales causas descansan en los altos niveles de impunidad, las malas prácticas administrativas; la discrecionalidad y opacidad con que se conduce la autoridad; y un débil involucramiento social para hacer frente a la situación.
“Ocho de cada 10 empresas reportan que esto -requisitos excesivos, costos, horarios, mala atención en ventanillas y asimetrías de información- y la principal causa para incurrir en corrupción, es agilizar los trámites”, expuso Belló, al citar los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2018 (Encrige)
“En promedio una persona realiza 10 trámites al año y gasta mil 200 pesos, en promedio, en corrupción”, precisó, ante académicos, organizaciones civiles e integrantes del Comité Coordinador del SAE , integrado por autoridades de organismos de la administración pública, dependencias y el Poder Legislativo y Judicial.
Los trámites con mayor prevalencia de corrupción, que arrojó la Encuesta Digital aplicada por el CPC, fueron para la apertura de una empresa, los contactos con Seguridad Pública y para la obtención de permisos relacionados con la propiedad.
“En promedio una empresa tiene que realizar 25 trámites al año; Quintana Roo es el segundo estado en cuanto a percepción de marco regulatorio como un obstáculo; es el segundo en cuanto a reporte de cargas administrativas excesivas”, ahondó.
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Los impactos de la “tramitología”
Las quejas sobre la “tramitología” que agobia al sector privado y a la ciudadanía, no son nuevas y van desde la apertura de un negocio, hasta sacar adelante un proyecto turístico o de vivienda.
El reporte de Doing Business 2016 ubicó a Quintana Roo en el último lugar en competitividad económica, pues abrir un negocio requería de 48 días, siendo el promedio nacional, 14. El tema fomenta la aparición de negocios informales.
La Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) , público en 2018 un estudio, el cual reveló que para la obtención de permisos para un proyecto de mil 800 viviendas -por ejemplo- se requería de 100 trámites distintos, algunos de ellos duplicados ante los tres órdenes de gobierno, sin contar con que los costos de compra, escrituración de terreno, permisos de fraccionamiento, urbanización y edificación, se tradujeron en 45 millones de pesos, sólo en papeleo.
La opacidad y discrecionalidad gubernamentales
La investigadora explicó que la corrupción vulnera el Estado de Derecho , creando desconfianza en todo el sistema de instituciones estatal y municipal; trastoca el desempeño de las políticas públicas, impidiendo que se logren los resultados esperados; eleva los costos de bienes y servicios, impactando principalmente a los sectores más vulnerables y frena la inversión y el desarrollo.
En ese tenor afirmó que una mala planeación presupuestal, la opacidad de su ejercicio y la discrecionalidad en su aplicación, también son corrupción.
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Detalló que un ciclo presupuestario se compone de etapas precisas, como es la Planeación, la elaboración de Programas, la asignación de recursos, el ejercicio de éstos, el seguimiento, la evaluación y su fiscalización, pasos que, de no seguirse, generan arbitrariedad, discrecionalidad y opacidad.
“Todo este ciclo debería estar a disposición pública”, remarcó y se remontó al 2017, cuando el gobierno estatal subestimó sus ingresos, estimando 26 mil millones de pesos, pero recaudó 47 mil millones; se aprobó el gasto de esos 26 mil millones, pero se ejerció 49 mil millones, es decir, se gastó más de lo presupuestado.
Lo que se detectó -agregó, citando datos del IMCO, en 2018- es que se gastó 22 por ciento menos de lo aprobado en infraestructura y 39 por ciento más de lo aprobado en gasto burocrático.
“Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto; sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional y son un signo de mala planeación y ejecución. Son cheques en blanco”, sostuvo.
En 2019, indicó que de mil 038 contratos, que involucraron poco más de 700 millones de pesos en recursos federales, menos del 16 por ciento se obtuvieron por licitación pública.
shgm
